El fiscal superior Andrés Montoya Mendoza ratificó la operatividad de las 54 carpetas fiscales relacionadas con los fallecidos y heridos durante las protestas de 2022 y 2023, garantizando que las investigaciones no se detendrán. Durante una reunión con deudos de regiones como Puno, Ayacucho y Apurímac, el Ministerio Público explicó que la reciente creación de una Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada busca optimizar el avance de los procesos sin alterar las competencias ni cambiar a los fiscales a cargo.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sostuvo un encuentro directo con Raúl Samillán, líder de la «Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero», para despejar dudas sobre la continuidad de los casos.
Montoya enfatizó que la institución mantiene una política de puertas abiertas y que los cambios administrativos recientes están diseñados para sostener el ritmo de trabajo en los nuevos despachos, asegurando la búsqueda de la verdad y la justicia para los agraviados.
La nueva estructura organizativa del subsistema conserva las competencias a nivel nacional, permitiendo que los mismos fiscales continúen al frente de sus respectivas investigaciones. Este esquema técnico tiene como objetivo principal brindar mayor soporte logístico a los 54 expedientes actuales, evitando retrasos por trámites burocráticos y garantizando que las diligencias en las zonas de conflicto sigan su curso bajo estándares internacionales de derechos humanos.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se programó una reunión virtual próximamente para profundizar en los avances técnicos de cada caso y absolver las inquietudes legales de los familiares. Con estas medidas, el Ministerio Público reafirma que la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una prioridad estratégica, manteniendo el compromiso de sancionar a los responsables de la violencia ocurrida durante la crisis social.
