Presidente Arévalo decreta 30 días de excepción en Guatemala ante la ofensiva de la banda Barrio 18.
La declaratoria de un estado de emergencia por 30 días en Guatemala, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo, busca neutralizar la ofensiva de la banda criminal Barrio 18, ahora clasificada como organización terrorista.
Tras una violenta toma de cárceles y el asesinato de 10 policías en ataques públicos, el Gobierno ha activado facultades extraordinarias para la Policía Nacional y el Ejército. Aunque la medida restringe temporalmente ciertas libertades, el Congreso de Guatemala ha intervenido para limitar su alcance, evitando toques de queda generales y asegurando la continuidad de las actividades económicas esenciales para preservar el orden democrático frente a la violencia.
El Legislativo guatemalteco respaldó el decreto presidencial de forma casi unánime, pero introdujo modificaciones críticas para evitar abusos de poder. A diferencia del modelo de seguridad aplicado en El Salvador, la respuesta guatemalteca se caracteriza por ser acotada y sometida a vigilancia permanente.
Expertos como el politólogo Orlando J. Pérez destacan que el Congreso ajusta las medidas según la necesidad, alejándose de prácticas de detención masiva y manteniendo un control sobre la delegación de poderes al Ejecutivo.
La gestión de la crisis enfrenta la resistencia de un sistema judicial que es percibido como un bloqueador de reformas. La corrupción y los mecanismos de «veto» dentro del aparato de justicia dificultan el procesamiento regular de la violencia, lo que empuja al Gobierno a depender de las medidas de excepción. El presidente Arévalo se encuentra en una posición compleja: debe responder a la demanda ciudadana de seguridad mientras lidia con actores judiciales que resisten los cambios institucionales.
Geopolítica y cooperación con Estados Unidos
La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, condiciona su respaldo a Guatemala a la obtención de resultados en seguridad sin vulnerar la gobernabilidad. Esta cooperación se ha vuelto pragmática, vinculando el apoyo económico con acuerdos migratorios. Guatemala ha aceptado aumentar los vuelos de deportación y recibir a migrantes de otras nacionalidades, integrando la seguridad nacional como un pilar fundamental de sus relaciones comerciales bilaterales.
Existe una creciente preocupación social sobre la posibilidad de que el estado de excepción se convierta en una herramienta recurrente. El análisis de Americas Quarterly advierte sobre el peligro de una «temporalidad permanente», donde el uso expandido de poderes coercitivos debilite aún más la supervisión democrática. El desafío central para la administración Arévalo será restaurar la normalidad legal y demostrar que es posible combatir el crimen organizado sin erosionar la institucionalidad del país.
