PNP adecuará procedimientos tras fallo que prohíbe juzgar a menores como adultos.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ratificó su subordinación a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), confirmando que acatará el fallo que anula el juzgamiento de adolescentes de 16 y 17 años bajo el código penal de adultos.
El general Óscar Arriola, vocero de la institución, señaló que la seguridad jurídica demanda el cumplimiento irrestricto de la sentencia que deroga la Ley 32130, la cual permitía procesar a menores por delitos graves como el sicariato. Sin embargo, el alto mando policial expresó su profunda preocupación técnica por el retorno de estos infractores de alta peligrosidad a los centros de readaptación juvenil, advirtiendo sobre el riesgo que representan para la convivencia social y la efectividad de la lucha contra la criminalidad organizada.
Acatamiento institucional de la sentencia del TC
En declaraciones oficiales, el general Arriola enfatizó que la PNP, como órgano ejecutor de la ley, es el primer estamento llamado a respetar el ordenamiento jurídico y las disposiciones del máximo intérprete de la Constitución.
La resolución del TC no solo declara la inconstitucionalidad de la norma mencionada, sino que ordena el archivo de los procesos penales iniciados bajo dicho régimen y el traslado inmediato de los menores que se encuentran recluidos en centros penitenciarios de adultos hacia instituciones de reclusión juvenil.
Pese al compromiso de cumplimiento, Arriola advirtió sobre las implicancias operativas de esta decisión, recordando que la ley anulada permitía enfrentar con mayor severidad a menores involucrados en sicariato y asesinatos.
Según el general, existen adolescentes de entre 13 y 17 años cuya participación en delitos violentos constituye un peligro latente para la sociedad. «Estos menores de edad son los que quitan la vida a las personas», sostuvo el oficial, subrayando que la reinserción de estos perfiles en el sistema juvenil tradicional podría limitar la capacidad de respuesta del Estado frente a delincuentes precoces pero altamente peligrosos.
Estas precisiones se dieron durante la presentación de resultados sobre la captura de un sospechoso vinculado al asesinato de un estibador extranjero.
El general Arriola utilizó este marco para ejemplificar cómo la criminalidad utiliza a menores de edad para ejecutar actos ilícitos graves, señalando que la labor policial continuará enfocada en la captura de estos sujetos, independientemente de los cambios en el marco procesal que ahora deberán aplicarse tras el dictamen del Tribunal Constitucional.
