EE. UU. rechaza objetivos de ocupación y exige un cambio de rumbo a las autoridades en Caracas.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ratificó la legalidad del operativo militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, justificando la determinación de la Casa Blanca de actuar sin notificación previa ni autorización del Congreso.
Tras participar en una sesión informativa clasificada con altos mandos del gobierno en el Capitolio, Johnson desestimó las críticas sobre el marco jurídico de la misión, asegurando que las acciones no constituyen un acto de guerra ni implican la presencia de tropas estadounidenses o una ocupación territorial en Venezuela.
El líder legislativo enfatizó que el objetivo no es la construcción de una nueva nación ni un cambio de régimen, sino una medida de presión para forzar una transformación en la conducta de las autoridades venezolanas.
Respaldo legislativo y precisiones sobre el despliegue
Durante su intervención ante los medios, el titular de la Cámara baja fue enfático al diferenciar la operación táctica de una intervención bélica convencional. Johnson aclaró que Estados Unidos no mantiene fuerzas armadas desplegadas en territorio venezolano, rechazando cualquier narrativa de ocupación extranjera.
Al ser cuestionado por la falta de consulta al Poder Legislativo, el congresista sugirió que la naturaleza del operativo permitía la ejecución directa por parte del Ejecutivo, garantizando que el alcance de la misión se mantuvo dentro de los parámetros legales establecidos para este tipo de capturas de alto perfil.
La postura oficial de Washington, según lo expuesto por Johnson, se distancia de los procesos de «nation-building» o reconstrucción de Estados aplicados en otros conflictos históricos. La administración estadounidense define esta acción como una exigencia directa para que el régimen de Caracas modifique su comportamiento, más que como un intento de imponer un nuevo sistema político de manera externa.
Esta distinción busca mitigar las preocupaciones sobre un compromiso militar a largo plazo en la región, centrando la narrativa en la justicia penal internacional y la seguridad hemisférica.
