Tras el cierre de la investigación por presunta falsificación a favor del consumidor, el demandante exige una reparación por daños personales y patrimoniales.
El ingeniero y exaspirante a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, Walter Jacobo Gutiérrez, ha interpuesto una demanda por 20 millones de dólares contra la firma de lujo Louis Vuitton tras un prolongado litigio que inició en 2022. El conflicto judicial se originó cuando la marca francesa acusó al ciudadano peruano de importar productos falsificados, a pesar de que estos fueron adquiridos en su tienda oficial de la Quinta Avenida en Nueva York.
Luego de tres años de proceso, la justicia peruana declaró infundada la denuncia de la multinacional y la condenó al pago de costas y costos, lo que motivó a Gutiérrez a solicitar una millonaria reparación por los daños patrimoniales, morales y políticos sufridos durante su campaña electoral.
El origen del conflicto: una compra oficial cuestionada
La controversia comenzó tras el retorno de Gutiérrez de Estados Unidos, cuando Aduanas retuvo sus compras en el aeropuerto Jorge Chávez bajo sospecha de piratería, alertada por la propia marca. Louis Vuitton alegó que ciertos detalles en el diseño de los artículos no cumplían con sus estándares, lo que llevó al Indecopi a imponer inicialmente una multa de 4.8 UIT al consumidor.
Sin embargo, el afectado apeló la sanción presentando reportes bancarios que acreditaban transacciones formales en el establecimiento oficial de Nueva York. Esta evidencia fue determinante para que el organismo estatal revirtiera su decisión, concluyendo que la acusación carecía de sustento técnico y fáctico.
El demandante sostiene que la denuncia de Louis Vuitton tuvo un efecto devastador en su imagen pública, coincidiendo con su postulación a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, donde fue tildado de comercializar mercancía ilegal. Además del perjuicio político, Gutiérrez denuncia la pérdida de cinco pares de calzado que nunca le fueron devueltos tras la incautación.
El 8 de julio de 2025, la empresa se desistió del proceso al confirmarse la autenticidad de los productos mediante los comprobantes de pago originales, cerrando el caso administrativo pero dejando abierta la vía civil por responsabilidad extracontractual.
La demanda millonaria y la postura del consumidor
Ante la negativa de la casa de modas francesa para llegar a un acuerdo conciliatorio, Gutiérrez oficializó la demanda por 20 millones de dólares. El ingeniero cuestionó la caída en los estándares de calidad de la firma, señalando que es inaceptable que una marca de tal prestigio no reconozca sus propios productos y traslade el error al cliente.
Este proceso legal pone bajo la lupa los protocolos de verificación de las grandes corporaciones de lujo, las cuales ofrecen desde marroquinería y alta costura hasta líneas recientes de cosmética y diseño de interiores, manteniendo un estricto control sobre su propiedad intelectual que, en este caso, resultó en una imputación fallida.
