Nuevo tribunal electoral garantizará transparencia de los votos en consulados en el exterior –


El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha marcado un hito en la historia democrática del país con la creación del JEE Lima Centro 2, el primer órgano de justicia electoral dedicado exclusivamente a los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

Esta instancia autónoma funcionará como el soporte jurisdiccional principal para las Elecciones Generales 2026, encargándose de fiscalizar la legalidad del sufragio y garantizar que los connacionales fuera del territorio nacional cuenten con las mismas garantías procesales que los residentes en el Perú.

El JEE Lima Centro 2 tendrá la responsabilidad de resolver, en primera instancia, aspectos críticos para la transparencia de los comicios fuera de las fronteras.

Entre sus competencias principales figuran la inscripción de listas de candidatos, la resolución de actas observadas, la atención a impugnaciones de votos y la proclamación de postulantes electos. La creación de este tribunal especializado busca centralizar y agilizar trámites que anteriormente enfrentaban barreras logísticas, asegurando una participación efectiva de la diáspora peruana.

La magistrada Maruja Hermoza Castro, presidenta de este nuevo órgano, destacó que esta medida es un reconocimiento del Estado a las demandas y realidades específicas de los peruanos en el exterior.

Al ser considerados desde 2021 como un distrito electoral independiente con derecho a elegir a dos representantes ante el Congreso, la instalación de este jurado especializado busca reducir la brecha de participación y fortalecer la representación política de la ciudadanía global.

La magistrada instó a los electores a mantenerse informados a través de los canales oficiales para seguir el cronograma electoral sin contratiempos.

Como parte del despliegue para los próximos comicios, se han habilitado 60 JEE en todo el territorio nacional, siendo todos ellos órganos de naturaleza temporal.

La composición del JEE Lima Centro 2 sigue el estándar legal, integrándose por un juez superior de la Corte Superior, un representante del Ministerio Público y un ciudadano seleccionado mediante sorteo público. Esta estructura tripartita asegura la imparcialidad en la toma de decisiones y el cumplimiento estricto de la normativa electoral vigente.

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