El caso ‘Los Socios del Callao’ revela desvíos de S/1.4 millones bajo la presunta dirección de Ciro Castillo.
El Poder Judicial ratificó la orden de detención preliminar por 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, tras declarar infundada su apelación en el marco del caso ‘Los Socios del Callao’.
La Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó la medida al considerar razonables los indicios presentados por la Fiscalía, que imputa a Castillo Rojo el liderazgo de una organización criminal dedicada al direccionamiento de más de 60 contrataciones públicas sin procesos de selección.
El perjuicio económico estimado asciende a S/ 1 461 121.10, derivado de adjudicaciones irregulares en el Gobierno Regional y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) durante el año 2023.
Operatividad de ‘Los Socios del Callao’
Según la tesis fiscal, la red operaba mediante la designación estratégica de funcionarios clave, como Jimmy Whu Cárdenas (asesor FAG) e Hiromi Zúñiga Jáuregui (jefa de Logística), quienes habrían facilitado el favorecimiento de proveedores específicos como Luis Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa.
Las investigaciones señalan que Whu Cárdenas actuaba como enlace directo del gobernador para coordinar los beneficios económicos ilícitos, pese a no contar con experiencia gubernamental y presentar conflictos de interés con los proveedores beneficiados.
El esquema delictivo se concentraba en contrataciones inferiores a 8 UIT para evadir controles legales y asegurar la adjudicación directa a empresas vinculadas a la organización.
Pese a la ratificación judicial, Ciro Castillo Rojo permanece en calidad de no habido, siendo visto por última vez en una actividad pública hace cuatro días.
La Dirección Contra la Corrupción de la PNP (DIRCOCOR) ha intensificado las labores de búsqueda mediante allanamientos simultáneos, habiendo logrado hasta el momento la captura de cinco de los quince implicados. Junto al gobernador, la orden de detención alcanza a sus principales colaboradores y proveedores, mientras las autoridades evalúan coordinar con el Ministerio del Interior para agilizar la ubicación de los funcionarios restantes que aún evaden la justicia.
