Solicitan intervención de la Contraloría en presuntos malos manejos cometidos por SUNEDU –


  • El parlamentario Jorge Marticorena solicita se verifique la correcta aplicación de las políticas públicas en SUNEDU.

El congresista Jorge Marticorena Mendoza, solicitó a la Contraloría General de la República realizar las acciones que correspondan respecto a la denuncia por presuntos actos irregulares formulada por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) en contra de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU, relacionado al proceso de licenciamiento institucional de la Universidad Politécnica del Perú y la designación de funcionarios de confianza dentro de la entidad.

En este sentido, el parlamentario solicitó que, en el marco de sus competencias y funciones, la Contraloría General de la República supervise y verifique la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de las gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA).

Antecedentes de la denuncia de ASUP contra SUNEDU

La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) denunció la existencia de una presunta red de corrupción que habría capturado áreas estratégicas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con el objetivo de facilitar licenciamientos universitarios irregulares, contando además con protección política directa desde el Ministerio de Educación.

Estos hechos forman parte de una investigación en la Contraloría General de la República (CGR) que obra en el Expediente N° 0820250393550 que se encuentra a cargo de la Subgerencia de Control de Universidades de la CGR.

La controversia se ha intensificado tras la designación acelerada de Vicente Paul Espinoza Santillán, exdirector de la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario (DIRESESU), como representante del MINEDU ante el Consejo Directivo de la SUNEDU por un período de tres años. Dicha decisión fue adoptada por el ministro de Educación, Jorge Figueroa, pese a la existencia de serios cuestionamientos legales que ponen en duda la legitimidad del nombramiento.

De acuerdo con la documentación revisada en el expediente de la Contraloría, Espinoza Santillán habría tenido participación directa en procesos de licenciamiento altamente cuestionados, como el caso de la Universidad Alas Peruanas bajo una nueva denominación y el licenciamiento de la Universidad Politécnica del Perú, ambas vinculadas al mismo grupo promotor.

Estas irregularidades fueron advertidas expresamente por Carlos Mesias Ramírez, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNEDU, mediante el Memorando N°00374-2025-SUNEDU-SG-OAJ, en el cual se alertó la contravención del artículo 115, inciso 1, de la Ley Universitaria, norma que prohíbe que una misma promotora administre más de una institución universitaria. Pese a esta advertencia formal, el licenciamiento fue autorizado sin corrección alguna.

ASUP precisa que la gravedad del caso se incrementa al constatar que, en su condición de director de la DIRESESU, Espinoza Santillán tenía competencia directa sobre los procedimientos de licenciamiento.

Su intervención queda registrada en el Memorando N° 00307-2025-SUNEDU-DS-DIRESESU, de fecha 9 de abril de 2025, documento que evidencia su participación funcional en la evaluación y otorgamiento de licencias universitarias, pese a las observaciones legales existentes.

A este entramado se suma la intervención del ex-ministro de Educación Óscar Becerra, conocido por laborar de forma eterna en la Universidad San Martín de Porres como Defensor Universitarios y otros puestos claves, aparece actualmente como vicerrector de la Universidad Politécnica del Perú y miembro de su equipo consultivo, institución directamente beneficiada por los licenciamientos cuestionados.

Estas decisiones se produjeron cuando Vicente Espinoza se desempeñaba como Director de la DIRESESU, órgano encargado de la supervisión y sanción de las universidades, bajo cuya dependencia funcional se encuentra la Unidad de Responsabilidad Administrativa (UDRA). Fue precisamente esta unidad la que emitió el Informe N°00062-2025-SUNEDU-DS-DIRESESU-UDRA, en el que se opinó a favor de la exoneración de las multas cuestionadas.

Por otro lado, según reportes de diversos medios periodísticos, la Universidad Señor de Sipán habría recibido facilidades irregulares para el licenciamiento de filiales en Lima, proceso que se concretó en “tan solo nueve días”, conforme a lo denunciado por el medio La Contra, mediante la Resolución del Consejo Directivo N°0006-2025-SUNEDU-CD.

De igual forma, a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) se le otorgó el licenciamiento de tres (3) nuevas filiales ubicadas en las regiones de Tacna, Iquitos y Pucallpa, con la autorización de 35 nuevas carreras profesionales por cada filial.

Este hecho resulta particularmente escandaloso, pues habría permitido “la aprobación de un total de 105 nuevas carreras profesionales” en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia durante el año 2025 para la UTP, conforme a lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N.° 0020-2025-SUNEDU-CD.

Este patrón de otorgamiento acelerado y permisivo de licenciamientos se habría producido bajo la administración de Vicente Espinoza en la DIRESESU, dirección responsable de los procesos de licenciamiento, supervisión y sanción de las universidades peruanas.

Lamentablemente, estos hechos refuerzan la percepción de un blindaje político desde el Ministerio de Educación, que viene promoviendo como su representante a personajes polémicos que han buscado enquistarse en el poder a toda costa, primero desde el Congreso y ahora desde el Ejecutivo.

Esta actuación, encabezada por el ministro Jorge Figueroa, evidenciaría una priorización de la protección de intereses privados por encima de la legalidad y la educación universitaria peruana.

En un contexto en el que están en juego la calidad de la educación superior y la confianza pública en las instituciones, surge una pregunta inevitable: ¿la SUNEDU cumple realmente su función fiscalizadora o ha sido capturada por los mismos intereses que debería regular?

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