El Pleno del Congreso decidió no aprobar la sanción propuesta contra la exfiscal suprema, cerrando el proceso que buscaba apartarla del ejercicio público por una década.
El Congreso de la República del Perú rechazó la propuesta de inhabilitar por 10 años a la exfiscal suprema Delia Espinoza, luego de un extenso debate en el Pleno que mantuvo en expectativa a diversos sectores políticos y judiciales. La decisión se tomó tras evaluar el informe que recomendaba una sanción administrativa de largo alcance.
Durante la sesión, los parlamentarios expusieron posiciones divididas respecto a la pertinencia de aplicar una medida tan severa. Algunos sostuvieron que la inhabilitación carecía de sustento suficiente y que podía vulnerar principios de proporcionalidad, mientras que otros defendieron que la sanción era necesaria para garantizar la integridad institucional.
El informe presentado ante el Pleno planteaba que Espinoza debía apartarse de la función pública por una década, argumentando presuntas faltas relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, tras la votación, la propuesta no alcanzó los votos requeridos para su aprobación, dejando sin efecto la inhabilitación sugerida.
¿Qué denuncian contra Delia Espinoza?
- El proceso en su contra se basa en denuncias constitucionales presentadas por la supuesta emisión ilegal de un reglamento interno del Ministerio Público (MP), que habría contravenido la Ley 32130. Según los denunciantes, ese reglamento permitía que el MP continuara realizando investigaciones preliminares, cuando la ley habría devuelto esa competencia a la Policía Nacional del Perú (PNP).
- Además, la denuncia incluye otros señalamientos: se le atribuyen presuntos delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
- En otro frente, también se le reclama por no haber repuesto a Patricia Benavides como fiscal suprema tras una resolución judicial, lo que habría sido interpretado como desobediencia o demora de actos funcionales.
¿Quién impulsa la inhabilitación?
- Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi.
- Luego, la denuncia derivó hacia una acusación constitucional formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que elaboró un informe final recomendando la inhabilitación por 10 años.
- Ese informe fue remitido a la Comisión Permanente del Congreso, que el 25 de noviembre de 2025 lo aprobó con mayoría (16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones). Ese avance convierte a Espinoza en objeto de una acusación y sanción formal que podría definirse en el pleno.
Tras el rechazo de su inhabilitación por parte del Congreso, Delia Espinoza queda en posición de continuar su defensa en las instancias correspondientes y reforzar su discurso de que todo el proceso en su contra tuvo motivaciones políticas. Según ha adelantado en declaraciones previas, evaluará acciones legales para cuestionar las decisiones adoptadas por las comisiones parlamentarias y, de ser necesario, acudirá a órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales en defensa de sus derechos. Con el pronunciamiento del Pleno, se abre ahora un nuevo escenario en el que Espinoza buscará no solo recuperar su posición institucional, sino también reivindicar su trayectoria frente a las acusaciones que dieron origen a este proceso.
