El Pleno del Congreso de la República no alcanzó este miércoles los votos necesarios para aprobar la inhabilitación por diez años de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. La propuesta, que requería dos tercios del total de congresistas, registró solo 63 votos a favor (cinco menos de los necesarios), por lo que fue enviada al archivo, según anunció el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.
El fracaso de esta sanción, que impediría a Chávez postular en las elecciones de 2026, se da en un contexto de tensión diplomática, ya que la exministra es beneficiaria de asilo político otorgado por México y se encuentra a la espera de un salvoconducto para viajar a ese país.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue sustentado por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia). Montoya argumentó que Chávez fue notificada de la sanción el 30 de julio de 2024 y se le otorgó un plazo reglamentario para presentar sus descargos, trámite que no cumplió.
El legislador enfatizó que los hechos probados acreditan que Chávez, en su alta función como jefa del Consejo de Ministros (PCM), participó en el quebrantamiento del orden constitucional. Por su parte, el abogado de la exjefa de Gabinete, Raúl Noblecilla, sostuvo que tanto Castillo como su defendida son “perseguidos políticos” y cuestionó la labor de los parlamentarios.
Tras conocerse el resultado, se presentaron al menos tres pedidos de reconsideración, lo que abre la posibilidad de que el resultado sea sometido nuevamente a debate en el futuro. Cabe señalar que existe otro informe final contra Chávez, también vinculado al fallido autogolpe, que recomienda una segunda inhabilitación por diez años.
El asilo político y la ruptura diplomática
La situación de Betssy Chávez está ligada a un conflicto diplomático con México. Semanas atrás, México comunicó que la exministra se encontraba en su embajada en Lima. Perú, en respuesta, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales, las cuales ya venían funcionando sin embajadores desde inicios de 2023, luego de que el país norteamericano no reconociera la legitimidad de la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte.
El gobernante interino, José Jerí, confirmó recientemente que la exfuncionaria “no podrá viajar a México” hasta que el gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto solicitado. Según un informe de Perú21, la Embajada de México se encuentra bajo vigilancia policial y la administración de Claudia Sheinbaum cubre todos los gastos de la estadía de Chávez hasta que se defina su situación legal y migratoria.
