Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y del Interior, Vicente Tiburcio, encabezaron un operativo de requisa en el penal de varones de Huancayo, región Junín. El objetivo de la intervención fue detectar y decomisar bienes prohibidos utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de los pabellones, marcando una clara directriz de autoridad por parte del Gobierno.
La intervención, ejecutada de manera inopinada, demostró un fuerte despliegue de las fuerzas del orden. Contó con la participación de más de 50 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un fuerte contingente de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El operativo se centró en el pabellón de máxima seguridad, donde se logró incautar una cantidad significativa de objetos ilícitos. Entre los bienes decomisados se encontraron más de 25 televisores, armas punzocortantes, radios, equipos de sonido, cuadernos con anotaciones telefónicas y otros elementos considerados de riesgo para la seguridad. Asimismo, se supervisó el cumplimiento de las recientes disposiciones de seguridad implementadas por el Gobierno, como el corte del suministro eléctrico para impedir la carga y uso de celulares y equipos prohibidos.
El ministro Walter Martínez afirmó que este fue un «operativo contundente que reafirma la política de tolerancia cero frente al crimen organizado, medida liderada por el presidente José Jerí». El titular del MINJUSDH destacó el trabajo conjunto con la Policía Nacional, señalando que estas intervenciones buscan marcar una línea clara de autoridad: “No permitiremos que los penales se conviertan en centros de operaciones del delito. La seguridad ciudadana es nuestra prioridad”, sostuvo.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, coincidió en que el operativo refleja una directriz contundente del Gobierno: “La defensa de la legalidad exige decisiones claras y mano firme. Esta es la línea que seguimos y seguiremos”.
Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Penitenciaria, orientada a desarticular las redes delictivas que operan desde los establecimientos penitenciarios y garantizar que cumplan su función de rehabilitación, según informó el MINJUSDH. Las autoridades anunciaron que este tipo de operativos se replicarán en otros penales del país, como parte de un plan de intervención continua para consolidar un sistema penitenciario más seguro, ordenado y transparente.
