El Congreso de la República destacó la aprobación de la Ley 32312, una iniciativa que equipa a los serenos municipales con pistolas eléctricas o de electrochoque como medio de defensa, cumpliendo un compromiso de brindar herramientas normativas para la lucha frontal contra la criminalidad.
La norma, que modifica la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal y obtuvo amplio consenso, también exime de responsabilidad penal al sereno que actúe en legítima defensa y en cumplimiento de sus funciones, según lo estipulado en el Código Penal. El Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en proceso de reglamentación de la ley, habiendo publicado un proyecto de decreto para recibir aportes ciudadanos.
El uso y justificación de armas no letales
La decisión de dotar de estos dispositivos no letales al personal de serenazgo responde al contexto de inseguridad que atraviesa el país, considerando que este personal es a menudo el primero en enfrentar una situación de emergencia. El uso de las pistolas eléctricas estará sujeto a rigurosas capacitaciones que incluyen entrenamiento en campo, simuladores y polígonos de tiro, según informó el Poder del Estado.
Además de proveer la herramienta, la Ley 32312 ofrece respaldo legal al personal. Su disposición complementaria final establece que el sereno que, en cumplimiento de sus funciones y usando un medio de defensa reglamentario, cause daño contra la vida, el cuerpo o la salud, estará exento de responsabilidad penal de conformidad con el numeral 9 del artículo 20 del Código Penal.
Proceso de reglamentación
La Ley 32312 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril pasado, otorgando al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 60 días calendario para implementar su reglamentación.
Recientemente, el 1 de octubre, se publicó un proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, con el fin de adecuarlo a las disposiciones de la nueva norma. El texto propuesto y su exposición de motivos se encuentran disponibles en los portales del Ministerio del Interior y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para recibir comentarios, aportes u opiniones de entidades públicas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y personas naturales.