
Agentes vinculados al narcotráfico trabajaban en unidades clave, incluso en zonas fronterizas.
Una investigación de La República revela que el Ministerio Público ha identificado a 127 agentes de la Policía Nacional (PNP) vinculados a redes de narcotráfico. La mayoría de estos efectivos, que incluye 5 oficiales y 122 suboficiales, trabajaban en unidades antidrogas en áreas estratégicas como el Trapecio Amazónico, una zona de influencia de mafias colombianas y brasileñas.
Estos agentes son investigados por presuntamente cobrar «cupos» a las organizaciones criminales para facilitar el paso de cargamentos ilícitos o, en algunos casos, participar directamente en el tráfico de drogas.
Aumento de casos e implicados clave
Las cifras muestran un aumento en las investigaciones: se abrieron ocho casos en 2023, doce en 2024 y ya van siete en lo que va de 2025. Entre los implicados figuran:
- El suboficial Elmer Gamarra Briceño, de la DIRANDRO, detenido en 2021 en Brasil por secuestro, en cuyo teléfono se encontraron pruebas de sus lazos con narcotraficantes y otros policías.
- El mayor Ralph Ángeles Fiestas y los suboficiales Cristian Valera Salas y José Ríos Dávila, todos destacados en la zona fronteriza de Loreto.
- El coronel Vic Cárdenas del Pino, jefe de la Unidad Antidrogas de Loreto, acusado de recibir sobornos.
- El suboficial Freddy Risco de la Cruz, capturado en tres ocasiones por tráfico de drogas y señalado como cabecilla de una red con policías activos.
Falta de acción y contexto de impunidad
A pesar de la gravedad de los hechos, el Comando Policial no tomó medidas inmediatas. Varios de los investigados continuaron en sus cargos hasta ser retirados por «renovación de cuadros», sin considerar los graves vínculos de los que eran sospechosos.
Esta falta de acción no es un hecho aislado. Un informe de OjoPúblico de junio pasado reveló que, entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina de la PNP emitió 309 resoluciones por tráfico de drogas que involucraron a 434 agentes. El 89% de los sancionados eran suboficiales.
La publicación de este informe coincide con la suspensión por 18 meses del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, investigado por supuestamente usar a jóvenes policías para trabajos de construcción.