El Ejecutivo dispuso la ampliación del estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, a fin de reforzar la seguridad y combatir la minería ilegal y las redes criminales que operan en la zona. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumirán el control del orden interno mientras se implementan medidas excepcionales.
Mediante el Decreto Supremo N.º 1001-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se oficializó la medida que rige desde el 7 de agosto y tendrá una duración de 60 días. Entre las disposiciones adoptadas se establece un toque de queda obligatorio desde las 22:00 hasta las 5:00, como parte de una inmovilización social dirigida a recuperar el control territorial.
La decisión responde a la continuidad de hechos que alteran el orden interno, particularmente vinculados a actividades de minería ilegal, presencia de organizaciones criminales y episodios recurrentes de violencia. El Gobierno busca, con esta medida, fortalecer la presencia del Estado y restablecer condiciones básicas de seguridad para la ciudadanía.
Durante este periodo, el control del orden interno estará a cargo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, permitiendo la ejecución de operativos conjuntos en las zonas más críticas de la provincia.
Asimismo, se suspenderán temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la seguridad personal, tal como lo permite la Constitución en contextos excepcionales como este.
En cuanto a las actividades económicas, el Gobierno ha precisado que se permitirá la continuidad de la minería formal, así como de aquellas operaciones registradas oficialmente, siempre bajo estrictas medidas de seguridad que aseguren su desarrollo dentro del marco legal.
La prórroga del estado de emergencia en Pataz evidencia la complejidad de los desafíos en esta zona del país, donde la minería ilegal ha consolidado redes de poder paralelo y generado un clima de violencia sostenida. Si bien la intervención militar y policial busca contener esta situación, el reto a mediano plazo será establecer condiciones estructurales de legalidad, desarrollo sostenible y presencia estatal efectiva.