El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este martes 24 de marzo la Ley Antifacción, una normativa estratégica diseñada para desarticular el crimen organizado mediante el endurecimiento de penas y un estricto control financiero.
La ceremonia, realizada en el Palacio de Planalto, contó con el respaldo de los presidentes de la Cámara de Representantes, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, tras un proceso de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Estrangulamiento financiero y penas severas
La nueva ley prioriza el bloqueo de recursos económicos como herramienta principal de combate. Los mecanismos de control permitirán el congelamiento de cuentas bancarias, así como la incautación de inmuebles, vehículos y acciones vinculados a estructuras criminales. Según destacó el mandatario, la norma refuerza la responsabilidad penal de quienes financian y lideran estas redes, especialmente en casos que involucren violencia extrema.
Control penitenciario y cooperación policial
Un eje fundamental de la reforma es el combate a las mafias dentro y fuera de las cárceles, implementando medidas rigurosas para impedir que las facciones operen desde el sistema penitenciario. Asimismo, la ley facilita el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad, optimizando el rastreo de activos y garantizando una mayor protección para los agentes del orden. «Los magnates del crimen organizado deben ser castigados», enfatizó el jefe de Estado tras la firma del documento.
