Las indagaciones del Ministerio Público revisan acuerdos legales firmados por la Municipalidad de Lima con un estudio jurídico vinculado a un abogado cercano al exalcalde.
El Ministerio Público del Perú inició una investigación preliminar por presuntas irregularidades en contrataciones por más de S/97 millones entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el estudio jurídico internacional Boies Schiller Flexner LLP. El caso involucra a personas que resulten responsables y evalúa posibles delitos contra la administración pública, en un proceso que podría incluir la declaración del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Las diligencias están a cargo del fiscal Leonardo Yapias Córdova, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción.
Inicio de la investigación preliminar
La investigación fue dispuesta inicialmente el 31 de octubre de 2025 por el fiscal Néstor Rivera Navarro, quien ordenó iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El expediente se centra en la contratación del estudio jurídico Boies Schiller Flexner LLP por parte de la Municipalidad de Lima.
Según los antecedentes del caso, las indagaciones buscan determinar si existieron irregularidades en la contratación del despacho legal, que tendría entre sus socios al abogado argentino Martín De Luca, identificado en diversas publicaciones como cercano al exalcalde limeño.
El monto total de los contratos bajo análisis asciende a aproximadamente S/97.510.450, cifra que, según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, representa cerca del 82% del presupuesto destinado por la municipalidad para servicios legales externos.
Dilación en la asignación del caso
El proceso de asignación del expediente dentro del Ministerio Público registró varios cambios antes de consolidarse en el despacho actual. La denuncia presentada por el estudio jurídico Arbizu & Gamarra fue inicialmente derivada al fiscal Leonardo Yapias el 8 de julio de 2025.
Sin embargo, Yapias se inhibió del caso argumentando que la publicación periodística que originó la denuncia correspondía a una fecha en la que otro despacho fiscal tenía turno para asumir investigaciones de oficio.
Posteriormente, el expediente fue transferido al fiscal Ronald Yonathan Márquez Saira, quien también declinó asumir el caso, señalando discrepancias en la fecha de la publicación que motivó la investigación.
Ante las discrepancias entre despachos fiscales, el expediente pasó al fiscal Rivera Navarro, quien finalmente dispuso el inicio formal de las diligencias preliminares antes de derivarlo nuevamente. La situación motivó la intervención de la fiscal superior Nelly Aurora Castro Olaechea, quien resolvió el conflicto de competencia y determinó que el despacho de Yapias asumiera la investigación.
En el oficio correspondiente, la fiscal superior exhortó a los despachos involucrados a actuar con mayor diligencia para evitar retrasos en el inicio de investigaciones relacionadas con presuntos delitos de corrupción de funcionarios.
Diligencias y requerimientos de información
Dentro del proceso de investigación preliminar, el Ministerio Público estableció un plazo inicial de 120 días para la realización de diligencias. Entre las primeras acciones ordenadas se incluyó el requerimiento formal a la Municipalidad de Lima para que entregue documentación detallada sobre los contratos con el estudio Boies Schiller Flexner LLP.
La fiscalía solicitó información sobre el proceso de contratación, el monto de los servicios, las modalidades de pago, los plazos contractuales y las áreas municipales que participaron en la contratación.
Asimismo, se requirió identificar a los funcionarios responsables del proceso administrativo y proporcionar documentación que respalde el procedimiento utilizado para la contratación de servicios legales externos.
Participación de organismos de control
La investigación también contempla la participación de organismos de supervisión del Estado. El Ministerio Público solicitó información al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para determinar si el estudio jurídico se encontraba habilitado para contratar con entidades públicas en el Perú o si existían sanciones o impedimentos vigentes.
De igual manera, se requirió a la Contraloría General de la República informar si ha realizado auditorías de control simultáneo o posterior relacionadas con las contrataciones efectuadas por la Municipalidad de Lima con el mencionado estudio jurídico.
Contexto del caso
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el estudio Arbizu & Gamarra, representado por los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra. En ella se cuestiona la contratación del estudio internacional por parte de la Municipalidad de Lima en el marco de la estrategia legal emprendida por la gestión municipal para anular las concesiones de peaje otorgadas a las empresas Rutas de Lima y Lima Expresa.
Según la denuncia, los contratos con el estudio jurídico extranjero habrían sido firmados en un contexto en el que el entonces alcalde de Lima mantenía una relación de amistad con uno de los socios del despacho legal.
Como parte de las diligencias preliminares, la fiscalía no descarta convocar a declarar a Rafael López Aliaga en su condición de exalcalde de la capital.
Panorama
La investigación se encuentra actualmente en etapa preliminar y busca determinar si las contrataciones realizadas por la Municipalidad de Lima se ajustaron a la normativa vigente en materia de contratación pública. Las diligencias dispuestas por el Ministerio Público permitirán establecer responsabilidades y definir eventuales acciones legales conforme avance el proceso fiscal.