El Gobierno decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao, una medida que se extenderá por 30 días calendario en ambas jurisdicciones. La decisión fue adoptada tras un pedido formal de la Policía Nacional del Perú ante el progresivo incremento de la violencia y la criminalidad en la región.
La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú había presentado un oficio el 25 de febrero solicitando la retomada de este esquema para reforzar el control del orden interno.
Con la entrada en vigor del estado de emergencia, se suspenden cuatro derechos fundamentales en Lima y Callao. Se trata de la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
El decreto también esiitablece reglas específicas sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de la PNP y las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán definidas en base a información de inteligencia y otros instrumentos de evaluación, con el objetivo de concentrar los operativos en áreas de mayor riesgo.
La Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno durante los 30 días que durará el estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas cumplirán un rol de apoyo en las operaciones, prestando presencia, logística y otras capacidades para reforzar la seguridad en Lima y Callao.
El dispositivo prevé que las intervenciones se realicen en zonas priorizadas según criterios de inteligencia policial. El objetivo es reducir actos de violencia, delitos contra la propiedad y otras formas de criminalidad que afectan a la población.
Dentro de las primeras 24 horas de vigencia del decreto, se debe conformar un esquema de coordinación entre las instituciones involucradas. El decreto menciona la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, los Comités de Coordinación Distrital, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica.
Cada uno de estos espacios tendrá funciones específicas dentro del esquema de seguridad. Su activación busca coordinar operativos, monitorear la aplicación de la fuerza, garantizar el control de resultados y comunicar de forma ordenada la información a la ciudadanía.
