Por María del Pilar Tello
Artículo de opinión
La vacancia presidencial ha colocado al Perú en una situación que, más allá de sus implicancias políticas inmediatas, plantea interrogantes de fondo sobre el funcionamiento del sistema democrático en contextos de excepcionalidad. El vacío de poder generado en el Ejecutivo ha sido ocupado por el Parlamento, que hoy no solo designa presidentes, también interviene en la conformación de gabinetes ministeriales a los que posteriormente deberá otorgar o negar la investidura.
Este doble rol es una severa anomalía institucional que anula el principio de separación de poderes. El mismo órgano que forma el Ejecutivo es el que lo controla y fiscaliza. Se produce un circuito institucional que reduce los márgenes de autonomía del gobierno y debilita los mecanismos de fiscalización democrática.
En condiciones normales, la separación y el equilibrio de poderes constituye una garantía frente a la concentración de autoridad. Sin embargo, en la actual transición, este equilibrio se altera por llenar un vacío que no admite demora. El Parlamento asume funciones que, aunque previstas para situaciones excepcionales, adquieren una centralidad que desborda su carácter transitorio.
Pero las mayorías que hacen posible la designación presidencial se distribuyen espacios de poder en el Ejecutivo. Ministerios, organismos reguladores y puestos clave en la administración pública, lo que condiciona el gobierno desde su origen.
Este fenómeno no implica necesariamente una ruptura del orden constitucional, pero sí una distorsión severa. La transición corre el riesgo de convertirse en una captura institucional, en la que la excepcionalidad se transforma en regla y la provisionalidad en mecanismo de reproducción del poder.
Todo ello dentro de un déficit de legitimidad del Parlamento. La altísima desaprobación y la profunda desconfianza a los congresistas, con pocas excepciones, convierte esta concentración de poder en un factor de fragilidad democrática. Un Congreso sin respaldo asume el control del país durante el tramo más sensible del proceso político.
Este tramo que separa la vacancia de las elecciones se ha convertido en el verdadero nudo gordiano de la estabilidad. La gestione esta transición determinará la viabilidad del proceso electoral y la legitimidad del gobierno que resulte de él.
La incertidumbre sobre los resultados electorales añade complejidad. En ausencia de garantías institucionales sólidas, el proceso podría verse afectado por cuestionamientos que prolonguen la crisis más allá del calendario previsto.
El Parlamento debe evitar que llenar el vacío derive en una expansión indebida de su influencia sobre el Ejecutivo. El único que lo vio claro, con fuerza y sutileza, fue Hernando de Soto y de seguro por ello resultaba peligroso y no llegó a ser Presidente del Consejo de Ministros. La publicidad de los acuerdos políticos y la rendición de cuentas puede mitigar la percepción de dictadura parlamentaria.
Si el objetivo es garantizar que el proceso electoral se desarrolle con la suficiente legitimidad para gobernabilidad, es necesario preservar los equilibrios que hacen viable el sistema democrático.
El Parlamento es el dictador. Debe usar su poder y asumir que de la gestión de esta transición con responsabilidad depende que el país pueda superar este tramo sin que la excepcionalidad se convierta en regla y la democracia en rehén del Congreso y sus repartijas.
