Por Fabián Rodríguez
Artículo de opinión
La ciencia política, en cuanto recibe esta etiqueta, tiende a abandonar juicios de valor de corte más filosófico, descansando principalmente en descripciones sustentada en categorías preestablecidas. No es casualidad que, en la San Marcos, mi alma máter, los politólogos se precien de no involucrarse en política, al menos en la partidaria, pues consideran que ensuciarían su objeto de estudio con los compromisos necesarios al entrar en dichas contiendas. Claro que esto no evita que, bajo el paraguas totipotencial de lo «técnico» o incluso de lo «correcto», muchos politólogos tengan posiciones políticas definidas, pero esa es harina de otro costal.
Es en dicha virtud descriptiva, a mi parecer, que se puede explicar la situación actual del Congreso, sus asimetrías con el Poder Ejecutivo y, en general, la crisis que se vive actualmente, acentuada por una nueva censura que trae otro presidente. El Congreso es, primeramente, un órgano colegiado, limitado no solo en lo constitucional y lo legal, sino también en su propia naturaleza, pues alinear voluntades políticas resulta complicado e implica ceder y otorgar, en partes iguales, a innumerables intereses. El Poder Ejecutivo, por otro lado, encontrándose igualmente sujeto a pesos y contrapesos, sean normativos o fácticos, ejerce el poder de manera más jerárquica y decisoria.
Muchos conocedores de lo jurídico y lo político han echado la culpa de esta crisis a un Congreso que, mediante la palanca de la reforma constitucional, se erigió en un colegiado omnipotente. Desde mi humilde trinchera, si bien no considero totalmente errado dicho análisis, creo que se incurre en un moralismo impropio, al no reconocer al Congreso y a sus integrantes como agentes políticos tanto como éticos; también, en un diagnóstico mal enfocado, pues la propulsión del Congreso a roles ciertamente antinaturales respecto del diseño republicano no es causa, sino efecto, de problemas previos.
Debo extenderme sobre ambas proposiciones. Por moralismo, en este contexto, me refiero a presumir que la conducta ética de los legisladores reflejará la de sus críticos, sin atender a que los cuadros partidarios pueden responder a bases distintas y a prácticas éticas divergentes entre sí. Con esto no respaldo el subjetivismo moral, sino que reconozco, por ejemplo, que para un congresista puede resultar más adecuado permanecer en el poder como representante de sus bases, aun cuando ello implique sostener una presidencia impopular.
En el mismo sentido, muchos análisis olvidan considerar a los legisladores como actores políticos insertos en un órgano colegiado que, ante el vacío de poder, tienden a llenarlo, tal como ocurre en toda dinámica de poder, incluso en ámbitos familiares o privados. Me atrevería a decir que resulta más peligrosa la acefalía que una comandancia incompetente, y es casi sentido común advertir que una potestad abandonada suele desaparecer en favor de quienes sí deciden ejercerla.
Esto conecta con la segunda proposición, a saber, el defecto en la identificación de la causa. Si el Congreso de este quinquenio logró erigirse como poder protagónico fue porque la presidencia electa del profesor Castillo se retiró de su ejercicio efectivo del poder y estableció un estatu quo de concesiones a otros poderes, instituidos y fácticos, con tal de mantener vivo un supuesto esquema parasitario y corrupto, configurando, en general, una presidencia de carácter meramente ornamental.
Dos precisiones finales. Quienes advirtieron tempranamente la improvisación del dignatario chotano supieron ver que su falta absoluta de manejo político condujo al Ejecutivo a la abulia que hoy lo caracteriza. Asimismo, no es mi intención defender a un Congreso ciertamente poco técnico y con cuadros, en su mayoría, poco idóneos para el cargo de legislador, sino ofrecer ángulos de análisis más frescos que puedan ser profundizados en el debate público
