Irregularidades en Beca 18: Figueroa denuncia promesas sin fondos y omisión de requisitos técnicos.
El titular de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, ha puesto en marcha una reingeniería profunda del Pronabec, calificando de «irresponsable» la administración precedente por comprometer recursos inexistentes.
Esta reforma estructural conlleva una reducción drástica en la oferta educativa, limitando la convocatoria de Beca 18 a 10 mil vacantes para el presente año, una cifra que representa apenas el 50% de lo prometido originalmente por el Gobierno, debido a la ausencia de respaldo financiero real.
Déficit financiero y hallazgos de la auditoría
La intervención de la Contraloría General de la República ha sido solicitada para transparentar el manejo de más de 1.000 millones de soles anuales. El ministro reveló un faltante de S/ 203 millones que ponía en peligro la permanencia de 63 mil becarios activos. Figueroa denunció que la gestión anterior operó con un desorden presupuestario que dejó a miles de jóvenes en la incertidumbre y sin fondos garantizados para culminar sus carreras.
La nueva política del Minedu establece que solo los estudiantes con excelencia académica comprobada mantendrán o accederán a los beneficios, eliminando el financiamiento para quienes desaprueben cursos reiteradamente o no alcancen los puntajes mínimos de ingreso.
Entre 2021 y 2025, el Estado perdió una inversión millonaria por el abandono de 3.790 becarios, situación que la reestructuración busca revertir mediante filtros más estrictos y una orientación hacia carreras con alta demanda laboral y retorno social.
Conflictividad social y demanda estudiantil
El ajuste ha provocado una crisis de confianza entre los más de 90 mil postulantes que rindieron examen bajo la promesa de una mayor cobertura. Mientras organizaciones como la Red Nacional de Juventudes (RENAJUV) advierten que el presupuesto actual apenas cubriría una fracción mínima de lo anunciado, el Ejecutivo apresura una modificación al reglamento de la Ley de Pronabec. El objetivo es sanear la institución y asegurar el financiamiento necesario para evitar que la indignación social derive en mayores movilizaciones frente al Congreso.
