El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, una estrategia multisectorial que prioriza el combate frontal contra la extorsión y los homicidios. Durante la exposición ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Palacio de Gobierno, se detalló que este nuevo marco operativo no solo se basa en el rigor estadístico del crimen actual, sino que introduce metas concretas y medibles para evaluar la eficacia de las políticas públicas y garantizar la reducción de la criminalidad en el país.
Articulación multisectorial y objetivos estratégicos
El diseño del plan destaca por su enfoque de trabajo conjunto, involucrando al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al ministro de Justicia, Walter Martínez. Cada sector estatal ha definido objetivos estratégicos y competencias específicas, asegurando que las intervenciones estén alineadas con una visión de cumplimiento por resultados.
Tiburcio enfatizó que, además de la represión del delito, el paquete normativo fortalece las capacidades de las instituciones para actuar de manera preventiva y legalmente sólida.
Intervenciones de inteligencia y control operativo
Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, precisó que la estrategia contempla 132 intervenciones estratégicas, de las cuales 49 corresponden exclusivamente a la PNP. Estas acciones se centran en tres pilares fundamentales: prevención, inteligencia e investigación criminal.
Este despliegue operativo busca desarticular bandas organizadas mediante el uso de tecnología y análisis detallado de las modalidades delictivas que más afectan a la ciudadanía.
Cooperación institucional e indicadores de éxito
Para garantizar la efectividad del plan, se trabajará de manera coordinada con organismos técnicos como Sucamec, Osiptel y Migraciones, permitiendo un control más estricto sobre el uso de armas, telecomunicaciones y el flujo migratorio vinculado a actos ilícitos.
La implementación de indicadores medibles permitirá realizar auditorías constantes sobre los avances en la lucha contra la extorsión y el homicidio, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia y el orden público bajo una estructura de gestión por objetivos.
