El Gobierno ha promulgado el Decreto Legislativo Nº 1737, el cual reforma el Código de Ejecución Penal para restringir severamente los beneficios penitenciarios a internos de alta peligrosidad. La normativa establece que los sentenciados por crimen organizado (Ley Nº 30077), así como por delitos de homicidio, secuestro, extorsión, lavado de activos, trata de personas y violación sexual, quedan totalmente excluidos de la redención de pena por trabajo o estudio.
Esta medida busca garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y fortalecer el Régimen Cerrado Especial en el sistema carcelario.
Nuevas escalas de redención y endurecimiento de penas
Para los delitos que aún conservan el beneficio, la norma impone escalas más rigurosas que extienden el tiempo de permanencia en prisión.
En el caso del robo agravado, la redención será de un día de pena por cada cinco días de labor o estudio, mientras que para delitos como homicidio calificado, feminicidio y organización criminal, la proporción se eleva a un día de pena por cada siete días de trabajo, aplicándose este mismo criterio de 1×7 para los internos reincidentes y habituales.
La reforma introduce el control judicial obligatorio para validar cualquier solicitud de redención de pena, eliminando la aprobación automática por parte de la autoridad penitenciaria.
Bajo este nuevo esquema, el juez competente debe evaluar la legalidad del cómputo, la validez de la documentación y el pronóstico de conducta del interno en audiencia con el Ministerio Público. Para casos de extorsión o secuestro con muerte, se exige adicionalmente un informe psicológico de rehabilitación y el pago íntegro de la reparación civil y multas impuestas.
Uniformidad y promoción de cárceles productivas
En el aspecto administrativo, la norma dispone que todo interno tiene la obligación de usar la vestimenta proporcionada por la administración penitenciaria durante su permanencia, traslados y actividades laborales.
De manera complementaria, el Decreto Legislativo Nº 1736 impulsa el modelo de cárceles productivas, regulando el trabajo asistido externo únicamente para sentenciados por delitos de menor lesividad en régimen semiabierto, con el fin de fomentar la reinserción social a través de convenios con los sectores público y privado.
