Un operativo sorpresa liderado por la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en el penal de Barbadillo reveló la existencia de múltiples beneficios no registrados en las celdas de diversos expresidentes.
A pesar de que la normativa exige fiscalizaciones constantes, los informes previos del director del penal, Héctor Sandoval, no reportaban irregularidades; sin embargo, la intervención del GOES detectó equipos electrónicos y enseres de uso personal que vulneran el reglamento institucional, el cual estipula que este tipo de artículos deben ser de uso colectivo y contar con autorización previa.
Hallazgos específicos por interno
En la celda de Pedro Castillo se incautó un equipamiento inusual que incluía televisor, radio, refrigeradora, cocina equipada y una bicicleta estacionaria.
Por su parte, en el espacio de Ollanta Humala se halló un microondas, mientras que Martín Vizcarra poseía una radio y una refrigeradora pequeña.
En el caso de Alejandro Toledo, el operativo detectó mobiliario y cubiertos no autorizados. Estas facilidades individuales contradicen las restricciones del sistema penitenciario ordinario y sugieren la persistencia de un trato diferenciado para los ex-mandatarios.
Fallas en el sistema de vigilancia y seguridad
La inspección técnica reveló un dato crítico: las cámaras de seguridad del penal estaban inoperativas, lo que ha motivado una investigación exhaustiva de los registros de visitas, poniendo especial énfasis en los ingresos de parlamentarios. Esta carencia de vigilancia electrónica facilita el ingreso de objetos prohibidos y debilita el control sobre las actividades de los internos de alta jerarquía política.
Tras la requisa, Martín Vizcarra minimizó los hallazgos asegurando en sus redes sociales que la revisión fue minuciosa y no arrojó «nada irregular», pese a la presencia de los equipos mencionados. Este escenario recuerda beneficios similares otorgados en el pasado a Alberto Fujimori, confirmando que el penal de Barbadillo opera bajo una aplicación laxa del reglamento. El incidente ha reactivado la exigencia social de igualdad ante la ley y transparencia en la administración de los centros de reclusión estatales.
