La acción constitucional demanda la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana y señala como responsables a la PCM, Cancillería y órganos judiciales.
El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior admitió a trámite un habeas corpus que exige la entrega inmediata de un salvoconducto para la ex-ministra Betssy Chávez, quien permanece en la Embajada de México desde noviembre de 2025.
El recurso, presentado por el ciudadano Rubén Serpa, busca que Chávez pueda abandonar el país rumbo a México para hacer efectivo el asilo diplomático, pese a la sentencia que pesa sobre ella por el intento de golpe de Estado de 2022.
Protección de la sede diplomática e inviolabilidad
La demanda constitucional solicita declarar una «amenaza cierta y grave» contra la integridad de la sede diplomática mexicana. El objetivo es prohibir que cualquier autoridad – incluyendo a la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público o el propio presidente José Jerí – pueda allanar, intervenir o ingresar por la fuerza al recinto para ejecutar la prisión preventiva de la ex-ministra. Según el demandante, declaraciones públicas del Ejecutivo sobre un posible ingreso forzoso vulnerarían la Convención de Viena y generarían responsabilidad internacional para el Estado peruano.
Ante la gravedad de los alegatos, el Poder Judicial ha dispuesto un plazo de tres días hábiles para que la Procuraduría de la PCM, la Cancillería y la Fiscalía presenten sus descargos. El recurso también exige el cese de cualquier acto de hostigamiento y la implementación de medidas cautelares que garanticen la seguridad del perímetro de la residencia mexicana, señalando directamente a la cúpula del Gobierno como responsable de cualquier eventual trasgresión.
Paralelamente, el Gobierno peruano expresó su malestar ante las autoridades mexicanas por la difusión de mensajes y videos de Chávez en redes sociales desde su asilo.
El Ejecutivo invocó la Convención de Caracas para restringir estas acciones, confirmando posteriormente que el contenido fue retirado. Se informó que existe un compromiso para que la ex-funcionaria se abstenga de realizar declaraciones políticas que puedan alterar el orden interno mientras se resuelve su situación jurídica.
