El «grupo de la familia Ming» es responsabilizado por crímenes de sangre y fraude masivo.
El gobierno de China ejecutó este jueves a 11 integrantes de una red transnacional de estafas cibernéticas, entre ellos líderes del «clan criminal Ming», tras ser hallados culpables de delitos que incluyen homicidio intencional, fraude y detención ilegal.
La sentencia, ratificada por el Tribunal Popular Supremo de Beijing, responde a una ofensiva contra el fraude en telecomunicaciones que opera desde zonas fronterizas de Myanmar, donde las actividades de esta organización causaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y pérdidas millonarias a nivel global.
Desarticulación del clan Ming y sentencias judiciales
Los condenados operaban desde 2015 una estructura de centros de estafa que atraía a víctimas mediante falsos romances e inversiones en criptomonedas. Además de las 11 ejecuciones realizadas en la ciudad de Wenzhou, el sistema judicial chino impuso penas de cadena perpetua y sentencias de muerte suspendidas a otros cómplices.
Según la agencia Xinhua, los crímenes no se limitaron al fraude electrónico, sino que involucraron la gestión de casinos ilegales y la violencia física contra las víctimas, muchas de ellas captadas bajo redes de trata de personas.
Cooperación internacional contra el «cáncer del fraude»
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, calificó a estas redes como un «cáncer» social y reafirmó el compromiso de Beijing para profundizar la cooperación con países como Myanmar para erradicar el cibercrimen. El modelo de negocio, dirigido por organizaciones criminales chinas en alianza con milicias locales, ha logrado sustraer miles de millones de dólares a nivel mundial, expandiendo su alcance mediante el uso de múltiples idiomas para captar víctimas fuera del entorno asiático.
Alerta global de las Naciones Unidas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que esta industria criminal ya no es un fenómeno exclusivo del sudeste asiático, pues se ha extendido hacia América del Sur, África y Europa. Se estima que cientos de miles de personas son obligadas a trabajar en estos centros de estafa bajo condiciones de esclavitud moderna, lo que ha impulsado a China a endurecer sus penas para intentar desmantelar las cúpulas de estas organizaciones transfronterizas.
