La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una iniciativa que busca integrar el modelo de contratos de participación productiva. Esta estructura legal, inspirada en el esquema operativo actual con la corporación Chevron, tiene como objetivo principal atraer inversión de capital nacional y extranjero para dinamizar la industria petrolera y estimular el crecimiento de la economía nacional bajo un marco de beneficios compartidos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que la reforma responde a la necesidad de adaptar la normativa vigente a las demandas actuales del país. Debido a la relevancia de estos cambios para la estabilidad económica, la Asamblea Nacional ha declarado la «urgencia legislativa», acelerando los tiempos de debate y aprobación.
Este proceso es monitoreado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destacó que el nuevo instrumento legal será fundamental para el desarrollo estratégico de la nación y la operatividad de Pdvsa.
Reformas complementarias para el sector económico
Junto a la normativa petrolera, el Legislativo dio luz verde a otras dos leyes clave en primera instancia:
- Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos: Orientada a flexibilizar regulaciones para el sector comercial y reforzar el sistema de precios acordados, buscando un equilibrio en el mercado interno.
- Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de Trámites: Enfocada en la simplificación de procedimientos administrativos para reducir la burocracia, garantizando que los ciudadanos puedan realizar gestiones públicas de manera eficiente y sin obstáculos innecesarios.
La implementación de los contratos de participación productiva representa un giro en la política energética venezolana, al ofrecer un entorno más competitivo para las operadoras internacionales. Este esquema permite una gestión más directa de los recursos y la comercialización por parte de las empresas asociadas, lo que se traduce en una mayor previsibilidad financiera y seguridad jurídica para los inversores en un sector que sigue siendo el eje motor de la actividad económica del país.
