Líderes judiciales conmemoran 200 años de autonomía y firman acuerdos clave en el Congreso de Lima.
La presidenta del Poder Judicial peruano, Janet Tello, junto a los titulares de las Cortes Supremas de Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá, formalizaron la Declaración de Lima en el marco del bicentenario de las instituciones judiciales en América Latina.
El documento, suscrito por Romer Saucedo, Orlando Aguirre, Jhon Pérez y María Chen, representa un compromiso unificado ante la comunidad internacional para salvaguardar el Estado Constitucional de Derecho, garantizar la independencia judicial y proteger la dignidad de la función jurisdiccional frente a presiones externas.
Autonomía como pilar de la libertad y los derechos
Durante el congreso internacional, que reúne a delegaciones de nueve países latinoamericanos y ponentes de España, Italia y Francia, el magistrado costarricense Orlando Aguirre enfatizó que la independencia judicial es una condición indispensable para el ejercicio real de los derechos ciudadanos.
Los líderes judiciales coincidieron en que la libertad es inexistente sin un sistema de justicia autónomo, reconociendo que la lucha por esta independencia ha sido un proceso histórico complejo y lleno de desafíos en toda la región.
El rol del juez como contrapeso estatal
La magistrada panameña María Chen Stanziola resaltó la valentía necesaria para ejercer la judicatura, señalando que los jueces deben ser capaces de tomar decisiones difíciles a pesar de las posibles consecuencias o represalias provenientes de actores políticos, sociales o económicos.
En esta misma línea, el titular uruguayo Jhon Pérez Brignani definió al Poder Judicial como el último contrapeso del Estado, una función que suele resultar incómoda para el sistema político porque actúa como un freno contra los excesos de poder y garantiza la protección de los derechos humanos.
Legitimidad y cercanía con la sociedad
Como parte de los acuerdos para fortalecer la democracia, los firmantes subrayaron la necesidad de que los jueces abandonen el aislamiento de sus despachos y otorguen legitimidad a sus fallos mediante un lenguaje sencillo y explicaciones claras.
Según el consenso alcanzado en Lima, esta apertura hacia la ciudadanía es vital para evitar que prosperen corrientes que busquen debilitar a las instituciones judiciales; de lo contrario, la falta de comunicación directa con la sociedad podría comprometer la estabilidad y la confianza en la administración de justicia continental.
