Gobierno extiende por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao –


El Poder Ejecutivo oficializó la extensión del estado de emergencia en diversas regiones del país para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado mediante la intervención estratégica de las fuerzas del orden.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, otorga facultades especiales a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para realizar operativos basados en inteligencia y mapas de criminalidad, permitiendo además la suspensión temporal de derechos constitucionales clave en las zonas intervenidas.

La normativa establece cronogramas diferenciados según la complejidad de la situación en cada localidad. En Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, la vigencia del estado de emergencia se prolongará por un periodo de 30 días calendario.

Por otro lado, las provincias de Tumbes y Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como Trujillo y Virú, en La Libertad, mantendrán esta condición excepcional por un lapso de 60 días para contener la escalada de violencia en dichas zonas.

Durante el tiempo que dure la prórroga, el control del orden interno permanecerá bajo la responsabilidad de la Policía Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Bajo el amparo del artículo 137 de la Constitución Política, quedan restringidos los derechos individuales referidos a la inviolabilidad de domicilio y las libertades de reunión, tránsito y seguridad personal. Estas acciones legales facilitan las capturas y registros necesarios para desarticular bandas criminales y pacificar los sectores críticos.

Más allá del despliegue en las calles, el decreto contempla el reforzamiento de medidas en áreas críticas del sistema estatal. Se han dispuesto acciones extraordinarias en materia de inteligencia y control penitenciario, así como una respuesta articulada del sistema de justicia para asegurar que las detenciones se traduzcan en sanciones efectivas.

El objetivo central es optimizar el control territorial y garantizar una vigilancia permanente sobre los indicadores de delincuencia a nivel nacional.



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