Cifra de traslados penitenciarios cerró en 2,700 el último año –


El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) reportó que, durante el año 2025, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) concretó el traslado de 2,793 internos en todo el país.

Esta movilización masiva responde a una política de fortalecimiento del sistema carcelario y combate a la criminalidad, diseñada para recuperar el principio de autoridad y prevenir que los centros de reclusión sean utilizados como focos de planificación delictiva.

Traslados por seguridad y lucha contra la criminalidad

Como parte de las acciones para mantener la gobernabilidad, se efectuaron 707 traslados por motivos de seguridad ante posibles alteraciones del orden. Las regiones con mayor actividad fueron Lima y Norte, que sumaron 376 movimientos, seguidas por las regiones Centro (90), Altiplano (74) y Sur Oriente (64). Los establecimientos que recibieron a los internos de mayor peligrosidad bajo este concepto fueron:

  • Cochamarca: 108 internos.
  • Cajamarca: 62 internos.
  • Ancón I: 60 internos.
  • Cusco: 44 internos.
  • Puno: 42 internos.

Entre enero y diciembre de 2025, el INPE ejecutó 1,746 traslados por reordenamiento penitenciario para optimizar la gestión de los reclusos. En esta categoría, las regiones del Altiplano (453) y Lima (449) lideraron las estadísticas. Los penales que acogieron la mayor cantidad de internos bajo esta modalidad fueron Puno (376), Cusco (224) y Virgen de Fátima (200), este último ubicado en Chorrillos.

La estadística anual se complementa con traslados específicos bajo diversas causales: 118 por tratamiento penitenciario, 103 por salud, 52 por mandato judicial, 50 de carácter excepcional y 17 por unidad familiar. El Minjusdh subrayó que cada operación se realizó respetando la normativa vigente y los derechos fundamentales de los internos.

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, enfatizó que estas medidas son piezas clave de una estrategia integral para neutralizar riesgos y contribuir a la seguridad nacional. Al asegurar que no se permitirá que las cárceles funcionen como centros de operaciones criminales, el titular del sector reafirmó el compromiso del Estado con el control absoluto de los penales y la preservación de la paz social.

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