Por Gianmarco Azabache Vargas, analista político internacional- Artículo de Opinión
Durante más de dos décadas, el régimen de Nicolás Maduro consolidó un sistema de poder basado en la represión, la persecución política, el colapso institucional y la destrucción deliberada de la economía venezolana. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, documentadas por organismos internacionales, no admiten relativización alguna. La justicia le debía llegar a Maduro, y negarlo sería una forma de cinismo político.
Sin embargo, que un dictador deba rendir cuentas no convierte automáticamente en héroe a quien ejecuta su caída, ni transforma una operación de poder en un acto altruista. Confundir justicia con geopolítica es el primer error del análisis. Y el caso venezolano exige una lectura mucho más cruda y menos emocional.
La caída del dictador no implica necesariamente la caída del sistema. El chavismo no operó únicamente como un gobierno, sino como una superestructura de poder político, institucional, judicial, militar y económico, capaz de adaptarse, reacomodarse y sobrevivir incluso a la pérdida de su figura central. Por ello, más que una ruptura inmediata del régimen, lo que se abre es una fase de reconfiguración del control.
El debate internacional sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido reducido, de manera interesada, a una narrativa moral: dictadura versus democracia, liberación versus invasión. Pero esa explicación es incompleta. El verdadero eje del conflicto no es solo quién gobierna Caracas, sino quién controla el petróleo venezolano y, sobre todo, en qué moneda se cobra.
El punto que muchos omiten: el petróleo sí se pagaba, aunque no nos gustara el cómo
Durante años, Rusia, China, India y otros actores compraron crudo venezolano. No se lo llevaron gratis. Pagaron mediante esquemas alternativos al sistema financiero occidental: descuentos agresivos, trueque, compensaciones, yuanes, rublos o cancelación de deuda. Mecanismos opacos, sí, pero efectivos.
El resultado fue claro: Estados Unidos quedó progresivamente fuera de un mercado energético estratégico, y con ello se redujo el uso del dólar en una de las industrias que históricamente lo sostienen. Venezuela pasó de ser un Estado fallido a convertirse en algo más sensible para Washington: un laboratorio financiero que erosionaba el sistema del petrodólar.
Ese fue el verdadero punto de quiebre. No la dictadura en sí —tolerada durante años—, sino el hecho de que el crudo venezolano circulaba fuera del circuito monetario dominado por el dólar.
El cambio de foco: no es el petróleo, es la moneda
Decir que “Estados Unidos quiere el petróleo venezolano” no es falso, pero es insuficiente. Estados Unidos quiere controlar cómo se vende, cómo se paga y en qué moneda se cobra. Exactamente lo mismo que hacen China o Rusia cuando tienen la capacidad de hacerlo.
Bajo administración y supervisión estadounidense, el petróleo venezolano regresa al circuito occidental: contratos trazables, intermediación regulada y facturación en dólares. Esto no es liberar a un pueblo; es proteger una economía y una moneda.
Conviene poner las cosas en perspectiva: Estados Unidos es energéticamente autosuficiente. El petróleo venezolano es atractivo, pero no indispensable. Venezuela se inserta, más bien, en una disputa geopolítica de mayor escala, donde el objetivo central es evitar que potencias rivales consoliden presencia estratégica en el hemisferio occidental y reduzcan el margen de influencia estadounidense.
Desde esa lógica, la intervención no responde solo al crudo, sino a la necesidad de reordenar flujos energéticos, financieros y de poder, cerrando espacios a sistemas alternativos de comercio y moneda.
María Corina Machado y el límite de la tutela externa
En este escenario emerge la figura de María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana. Su posición ha sido clara: reconocimiento del fin del régimen, pero rechazo a cualquier forma de gobierno tutelado.
Machado ha señalado que la legitimidad política no se mide en Washington, sino en la voluntad del pueblo venezolano. Su propuesta de una transición civil y venezolana busca evitar que la salida del chavismo se transforme en una nueva pérdida de soberanía, esta vez bajo administración extranjera. Cambiar de amo no es recuperar soberanía.
Su llamado a evitar resistencia armada apunta a contener un baño de sangre, pero no implica renuncia a la autodeterminación. Más bien, evidencia una preocupación central: que la transición no sea solo un reacomodo interno del poder bajo nuevas reglas externas.
Transición controlada, no liberación plena
Si este escenario marca el inicio de un período de transición, no implica necesariamente una ruptura total del régimen, sino un proceso de administración controlada del conflicto. Solo el tiempo dirá si esta fase abre el camino a una verdadera democratización o si consolida una estabilidad funcional orientada a garantizar intereses estratégicos antes que libertades políticas.
La experiencia histórica demuestra que las transformaciones impuestas desde fuera raramente producen estabilidad duradera. Afganistán, Irak o Libia son ejemplos de intervenciones que estabilizaron mercados o equilibrios geopolíticos, pero no sociedades. En América Latina, los intentos de intervención externa han dejado huellas profundas que aún condicionan la política y la cultura de la región.
Sin héroes ni salvadores
La tragedia venezolana no se explica por una invasión extranjera puntual, sino por decisiones internas que diluyeron la soberanía económica: primero hacia aliados ideológicos que condicionaron el comercio energético, y ahora hacia una potencia que busca reordenar ese comercio bajo su propio interés estratégico.
Aquí no hay redentores. Hay intereses económicos, monetarios y geopolíticos. Todo lo demás es relato.
¿De qué se trata?
No se trata de justicia, aunque la justicia era necesaria.
No se trata de socialismo o capitalismo.
Se trata de quién controla el petróleo… y en qué moneda se cobra. Una situación que vuelve a poner en alerta al mundo.
Ese ha sido siempre el verdadero campo de batalla.
