El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, condenó de forma tajante el reciente ataque armado perpetrado en el sector Papagayo, provincia de Pataz, calificándolo como un «hecho criminal grave» que ha cobrado vidas humanas y que ya se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Durante una entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR), el titular del sector sostuvo que el avance de la minería ilegal ha trascendido el ámbito ambiental para consolidarse como un fenómeno criminal complejo que genera caos económico y violencia sistémica, exigiendo una respuesta unificada de la sociedad y el Estado.
Ante la escalada de criminalidad, el Gobierno ha dispuesto la intensificación de las acciones de interdicción mediante un plan estratégico liderado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en estrecha coordinación con los ministerios de Defensa e Interior.
Si bien la provincia de Pataz es actualmente el epicentro del despliegue, el ministro confirmó que las operaciones se extenderán de manera inmediata a otras regiones con alta incidencia delictiva, como Cajamarca, donde la población ha manifestado una creciente preocupación por la seguridad.
Restablecimiento del orden y legalidad
Bravo de la Cruz enfatizó que la violencia y el uso de armamento son incompatibles con cualquier actividad productiva, subrayando que la legalidad es el único camino viable para el desarrollo en las zonas mineras del país.
La estrategia gubernamental no solo busca atacar los puntos críticos de extracción ilegal, sino desarticular las redes criminales que operan en su entorno. El funcionario concluyó que la lucha contra este flagelo será frontal y sostenida en el tiempo, con el objetivo de restablecer el orden y la seguridad en los territorios afectados.
