La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso concluyó la primera legislatura del periodo 2025–2026 con la aprobación de tres dictámenes clave para fortalecer la integridad pública y la obtención de facultades especiales para investigar presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco.
Bajo la gestión del congresista Elvis Vergara (AP), el grupo de trabajo centró su agenda en la profesionalización del sistema de control gubernamental, la transparencia en las transferencias de gestión administrativa y la fiscalización de 32 obras paralizadas vinculadas al gobernador Antonio Pulgar Lucas.
Este balance legislativo subraya un compromiso con la vigilancia del gasto público y la estabilidad laboral de los auditores, elementos fundamentales para mitigar los riesgos de corrupción en los distintos niveles de gobierno.
En el ámbito normativo, la comisión impulsó iniciativas que buscan uniformar el régimen laboral dentro de la Contraloría General de la República, destacando la incorporación progresiva de trabajadores CAS al Decreto Legislativo 728 y el reconocimiento de estabilidad para profesionales recontratados temporalmente.
Asimismo, se aprobó un dictamen para reformar las leyes de transferencia de gestión en gobiernos regionales y locales, con el fin de precisar responsabilidades administrativas y garantizar una rendición de cuentas idónea durante los relevos de autoridades. Estas reformas se complementan con una agenda pendiente que prioriza la ampliación del control concurrente y la obligatoriedad de la declaración jurada de integridad funcional.
Control político y fiscalización regional
La labor de control político se intensificó con la obtención de facultades investigadoras para el caso de Huánuco, donde se indagarán contratos con el Grupo Prégola S.A.C. y deficiencias en proyectos de alto impacto social como el Hospital de Santa María.
Además de la labor en Lima, la comisión realizó audiencias descentralizadas en Puno y Ucayali, y citó a los titulares de las carteras de Interior, Defensa y Justicia para evaluar los estados de emergencia y la crisis del sistema penitenciario.
Con 19 sesiones realizadas y tres mesas técnicas, el grupo parlamentario reafirma su rol como eje supervisor de la administración estatal, orientando sus esfuerzos hacia la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
