La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto ejecutó un operativo de interdicción los días 18 y 19 de diciembre, logrando la destrucción de una balsa draga e insumos químicos utilizados para la minería ilegal en el río El Tigre.
La intervención, liderada por la fiscal adjunta provincial Lis Corina Zárate Nieto, resultó en la detención en flagrancia de cinco personas —cuatro ciudadanos colombianos y un peruano— y la neutralización de maquinaria destinada a la extracción ilícita de oro.
Esta acción coordinada con la Policía Nacional y el Sernanp se ampara en el Decreto Legislativo N° 1100, con el fin de mitigar el impacto ambiental en una de las fuentes hídricas más críticas para las comunidades amazónicas de Nauta.
Interdicción y materiales incautados
Durante la diligencia, las autoridades procedieron a la detonación controlada de la estructura flotante y diversos implementos técnicos, incluyendo motores, bombas de succión y tuberías.
Además de la infraestructura, se halló mercurio, metal pesado altamente tóxico empleado para amalgamar el oro, cuya presencia en el río El Tigre representa un riesgo inminente para la biodiversidad y la salud pública. El uso de explosivos para la destrucción de estos bienes se realizó siguiendo los protocolos de seguridad ambiental para evitar que los restos de la maquinaria sean reutilizados por redes criminales en la zona.
Detenciones y marco legal
Los cinco detenidos fueron hallados en un campamento improvisado cerca del área de operaciones, donde custodiaban los materiales incautados.
Los ciudadanos extranjeros y el nacional peruano enfrentarán cargos por delitos ambientales en la modalidad de minería ilegal, agravada por el uso de sustancias químicas prohibidas y la presunta invasión de áreas protegidas.
El Ministerio Público destacó que el río El Tigre es una zona de vigilancia prioritaria debido a su vulnerabilidad frente a las mafias transfronterizas que operan en los límites de Loreto.
Cooperación institucional
El éxito de la operación fue posible gracias al despliegue conjunto de las siguientes entidades:
- Ministerio Público (FEMA): Dirección jurídica y estratégica del operativo.
- Policía Nacional del Perú (Unidad Ambiental): Seguridad táctica y detención de sospechosos.
- Sernanp: Evaluación de daños en áreas naturales y soporte logístico especializado.
Con este operativo, el Estado peruano refuerza su política de «tolerancia cero» frente a la minería ilegal en la Amazonía, priorizando la recuperación de los ecosistemas degradados y la protección de los derechos de las comunidades originarias.
