El procurador de la Municipalidad de Lima (MML) William Oblitas, ante presuntas actitudes irregulares del fiscal José Domingo Pérez, solicitó al fiscal de la Nación Tomás Gálvez su reemplazo en el juicio contra Susana Villarán por el caso de los peajes entregados ilegalmente a Odebrecht.
“En atención que han transcurrido cerca de dos años desde la expedición de la sentencia del Tribunal Constitucional expedida con fecha 05 de marzo 2024, solicito a vuestro despacho que en el más breve plazo efectúe las acciones correspondientes, incluyendo la factibilidad de cambio de fiscales a cargo en el proceso que se le sigue a Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima cuyas investigaciones derivan en acto de corrupción”, señala el oficio enviado por el procurador Oblitas Villalobos al Fiscal Tomás Aladino Gálvez.
El procurador insiste en la urgencia de esta decisión, en vista de que la MML ha iniciado diversos arbitrajes a nivel nacional e internacional cuestionando la legalidad de los contratos de concesión.
“Siendo la corrupción un argumento en defensa de la Municipalidad para lograr la nulidad de dichos contratos”, agrega, en referencia a la lucha contra Brookfield y los brasileños en tribunales extranjeros.
“La demora en la obtención de una sentencia condenatoria (…) genera indefensión al Estado – Municipalidad Metropolitana de Lima. El pedido formulado requiere atención inmediata, considerando la relevancia del caso emblemático materia del presente proceso”, precisa Oblitas.
El procurador Oblitas recuerda que “en fecha 20.10.2025 José Domingo Pérez peticionó indebidamente suspensión y reprogramación de audiencia al desear compararlo con un caso diferente ante el Tribunal Constitucional”, es uno de los argumentos del pedido.
En este sentido, propuso que los jueces paralicen todo hasta revisar si se podía aplicar la sentencia del TC sobre el caso Cócteles.
En esta, se precisaba que el delito de lavado de activos con aportes de campaña solo es sancionado en el Código Penal desde noviembre el 2016.
