El Pleno del Congreso de la República no alcanzó la votación calificada de 68 votos necesaria para inhabilitar al expresidente Pedro Castillo del ejercicio de la función pública por un periodo de diez años. La medida, que buscaba sancionarlo por la presunta infracción constitucional de diversos artículos de la Carta Magna, fue remitida al archivo al obtener solo 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones.
Durante la sesión, el ex-presidente Pedro Castillo ejerció su defensa, señalando que la acusación de golpe de Estado fue desestimada por el Poder Judicial, el cual optó por imputarle el presunto delito de conspiración por los hechos del 6 de diciembre de 2022.
Castillo sostuvo que la denuncia constituía una «aberración y una barbaridad jurídica», y acusó a los congresistas de no querer que un «hijo del pueblo» llegara a la Presidencia, indicando que el documento que leyó el 7 de diciembre de 2022 solo expresaba el «clamor del pueblo peruano».
Argumentos legales contra la inhabilitación
El abogado del ex-mandatario, Carlos Torres Caro, alertó a la representación nacional que una eventual aprobación de la inhabilitación incurriría en una infracción constitucional por dos razones principales: la prohibición de castigar dos veces por los mismos hechos (non bis in idem) y la invalidez de construir derecho sobre la base de una violación legal, refiriéndose a que la vacancia de Castillo se aprobó sin la defensa adecuada ni las mayorías exigidas.
Incidentes y otros acusados
La sesión también incluyó las defensas de otros acusados. En el caso de la ex-titular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, su abogado, Raúl Noblecilla, defendió a su patrocinada, si bien sus intervenciones provocaron enfrentamientos con algunos congresistas. Por esta razón, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, procedió a la expulsión del letrado cuando estaba por finalizar su participación.
De igual manera, el ex-ministro del Interior, Willy Huerta, presentó su defensa ante el Pleno, asegurando que no cometió ningún delito y que sus derechos fundamentales no fueron respetados durante el proceso en su contra.
