Subcomisión del Congreso recomienda inhabilitación por 10 años –


El informe final, que recomienda la sanción de diez años, será ahora remitido a la Comisión Permanente del Congreso.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional acumulada contra la fiscal de la nación suspendida, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. El documento recomienda imponerle una sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función fiscal, tras considerar que su conducta vulneró principios básicos del ejercicio público.

Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi. Ambas acusaciones se originaron debido a que la fiscal Espinoza Valenzuela presentó una denuncia constitucional contra once congresistas que integraron la Comisión de Defensa Nacional en el periodo 2021-2022. La denuncia de la fiscal se relacionaba con la aprobación de la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Debido a ello, los denunciantes atribuyeron a Espinoza la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución; así como los artículos 158 y 159 (inciso 2), además de los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal.

Conclusiones del informe final

El informe final, elaborado por el congresista Elvis Vergara, fue aprobado por mayoría en una sesión conducida por el congresista Jorge Montoya, vicepresidente de la SAC. El documento señala que el análisis jurídico se realizó con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y respetando el derecho de defensa, por lo que se rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza.

El documento recomendó archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, al determinar que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal. De igual modo, planteó archivar las denuncias sobre la presunta infracción a los artículos 158 y 159 (inciso 2) respecto a su ejercicio funcional como fiscal de la nación.

No obstante, el informe final propone acusar a Delia Espinoza por infracción constitucional en los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5), al considerar que su conducta vulneró principios básicos del ejercicio público y afectó competencias propias del Parlamento. En consecuencia, se recomendó imponer la sanción de inhabilitación por diez años.

Finalmente, se recomendó remitir el informe a la Comisión Permanente del Congreso para que el procedimiento continúe.

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