La nueva ley promete reducir la precariedad laboral de los servidores públicos.
Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, consideró como «histórica» la Ley N° 32504, que incorpora al personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a plazo indeterminado al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728.
La norma, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, reivindica derechos laborales al reducir la precariedad e inestabilidad derivadas de contratos temporales, cumpliendo una iniciativa legislativa impulsada por la propia Corte Suprema.
El impacto y la reivindicación de derechos
La titular del Poder Judicial celebró la promulgación de la ley, señalando: «¡Sí, se pudo! Es un hecho histórico, una iniciativa legislativa de la Corte Suprema se hizo realidad». Tello Gilardi destacó que esta norma permitirá erradicar la inestabilidad, la desigualdad y los perjuicios asociados a contratos temporales, promoviendo un entorno laboral más justo y eficiente. La iniciativa fue aprobada inicialmente por la Sala Plena de la Corte Suprema y, posteriormente, por el Pleno del Congreso a fines de octubre.
La Ley N° 32504 establece requisitos específicos para la incorporación al régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728). Los trabajadores CAS deberán contar con un contrato vigente a plazo indeterminado, haber ingresado mediante concurso público de méritos y ocupar una plaza transitoria con presupuesto sostenible.
Quedan excluidos del beneficio aquellos que laboren en proyectos de inversión o de corta duración, quienes cumplan funciones de suplencia, quienes desempeñen cargos de dirección o confianza, los contratados sin concurso público y aquellos que cuenten con 70 años o más.
La norma precisa que los trabajadores, una vez incorporados, estarán sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incluyendo la protección contra el despido injustificado. Además, se reconocerá el tiempo laborado bajo el régimen CAS para el cómputo de la antigüedad, aunque sin otorgar derechos retroactivos adicionales.
Implementación y transparencia del proceso
La incorporación del personal al régimen N° 728 se realizará de forma progresiva en un plazo máximo de cinco años, y estará supeditada a la disponibilidad presupuestal de la institución. El orden de prelación para la incorporación se definirá por la antigüedad contractual de los trabajadores.
El Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir las disposiciones y lineamientos complementarios para la implementación de la ley. Se ha dispuesto la conformación de una comisión que garantice la transparencia del proceso, la cual contará con la participación de representantes de los trabajadores como veedores.
