
La tesis fiscal revela que la empresa CESOLIV recibió más de S/300 mil del GORE Lima operando desde una cebichería.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional ejecutaron un megallanamiento a 11 inmuebles vinculados al Gobierno Regional de Lima (Gore Lima), incluyendo la vivienda de la gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado.

Este operativo se enmarca en la investigación preliminar del caso denominado ‘Los Compadres de la Corrupción’, que indaga presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante la actual gestión.
Las intervenciones judiciales se realizaron de manera simultánea durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes 21 de noviembre en diversas jurisdicciones, abarcando Lima, Huaura–Huacho y Huarochirí.
Agentes fiscales y policiales ingresaron a oficinas clave del Gore Lima, como las de Gobernación y Logística, además de viviendas y locales que habrían sido utilizados por funcionarios para fines administrativos o residenciales temporales. El objetivo principal de la diligencia fue incautar documentación clave y otros elementos de convicción.
Los detalles del caso ‘Los Compadres de la Corrupción’
La hipótesis fiscal se centra en un supuesto esquema de favorecimiento hacia la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L. Se investiga que esta compañía habría recibido 21 órdenes de servicio por un monto superior a S/300 mil entre 2023 y 2025. La investigación preliminar sugiere que el dueño de la empresa, César Oliva, sería compadre de la gobernadora regional, lo que presuntamente habría facilitado las contrataciones irregulares.
El caso cobró notoriedad pública tras un reportaje que reveló que la dirección fiscal de CESOLIV correspondía a una cebichería, a pesar de que la empresa era contratada para labores complejas como suministro de alimentos, adquisición de bienes y mantenimiento preventivo. La Fiscalía considera estas inconsistencias como indicios de que la empresa no reunía las condiciones necesarias para ejecutar los servicios contratados.
El fiscal anticorrupción Christian Manrique informó que ocho personas están incluidas en la investigación. Los presuntos delitos bajo análisis son colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos. El megallanamiento buscó incautar documentos físicos, registros administrativos y cualquier evidencia que permita reconstruir la operación de la presunta red.
Entre los inmuebles de interés para la Fiscalía destacaron una oficina contable en Huacho y un departamento en Residencial Los Robles, donde altos funcionarios regionales habrían simulado residir. El gerente regional, Leonardo Edison Vílchez Fernández, sostuvo que la institución brindó todas las facilidades necesarias para la intervención, asegurando que «aquí no hay nada que ocultar». Vílchez confirmó que no se registraron detenidos durante la diligencia.
Posición de la gobernadora y el Gore Lima
Al momento de las intervenciones, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado no fue ubicada en la sede del Gore Lima ni en su vivienda, pues sus funcionarios informaron que se encontraba en Lima cumpliendo agenda oficial. Su representación legal estuvo a cargo del abogado Paolo Rodríguez, quien brindó acceso a la documentación y facilitó el trabajo de los fiscales en la sede regional y los demás puntos intervenidos.
Tras el operativo, el Gobierno Regional emitió un comunicado en el que afirmó haber colaborado plenamente con las diligencias, reiterando su «compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción». La gestión regional llamó a la calma a la ciudadanía y aseguró que continuará trabajando mientras avanza la investigación, confiando en el esclarecimiento de los hechos.

