El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley solicitando la delegación de facultades legislativas por un plazo de 60 días. La iniciativa se centra en tres ejes temáticos esenciales: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
El paquete legislativo propuesto abarca un total de 58 medidas, de las cuales 26 están enfocadas en el ámbito de seguridad ciudadana. La propuesta más relevante en este sector es la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), diseñado para enfrentar la extorsión, el sicariato, el secuestro y otras modalidades delictivas vinculadas a organizaciones criminales.
Reformas en seguridad y justicia
El proyecto busca que el Estado pueda contar con servicios de justicia más céleres y exclusivos, así como fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de asegurar una respuesta más eficaz ante delitos de alto impacto.
En esta línea, se plantea una reforma integral del sistema penitenciario. La propuesta incluye la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mediante la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
Esta nueva entidad se encargaría de la gestión penitenciaria, elevando los estándares de seguridad, clasificación de internos y control operativo para evitar que sentenciados continúen articulando actividades criminales desde los penales. Adicionalmente, se busca fortalecer el marco penal y el proceso aplicable a delitos graves, así como mejorar los procedimientos de flagrancia, control de armas y la persecución de delitos patrimoniales como el robo de vehículos y autopartes.
Eje económico y fortalecimiento institucional
En materia económica, el Ejecutivo ha contemplado 24 medidas orientadas a robustecer la sostenibilidad fiscal, elevar la competitividad y dinamizar la inversión pública y privada. Con estas disposiciones, se proponen mecanismos para acelerar la ejecución de infraestructura estratégica y optimizar las condiciones para el crecimiento económico sostenible del país.
Con la presentación de este paquete legislativo, el Gobierno busca reafirmar su compromiso con el combate a la inseguridad, la promoción de un crecimiento económico responsable y el fortalecimiento de las instituciones, consideradas pilares esenciales para el desarrollo y la estabilidad de la nación.
