La principal causal para estas medidas fue el ingreso irregular y la vulneración sistemática de la seguridad migratoria nacional.
La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió más de 3 000 órdenes de expulsión a ciudadanos extranjeros en lo que va del año en todo el país. Estas acciones se ejecutaron mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), dirigido a aquellos que ingresaron de forma irregular al territorio nacional o vulneraron la seguridad migratoria.
De la cifra total de expulsiones, la mayoría se concentró en las regiones de la frontera norte y del sur. Tumbes registró el 34.92 % de las órdenes, seguido por Piura con el 21.37 %, Chiclayo con el 15.35 % y Lima con el 8.93 %. Puno, en la frontera sur, representó el 6.35 % de las medidas.
El PASEE es un mecanismo administrativo que permite la célere expulsión de los infractores en un plazo máximo de 24 horas. Este procedimiento se aplica a quienes han entrado al Perú sin cumplir con la normativa migratoria o representan una amenaza para la seguridad nacional y el orden interno. Las órdenes de expulsión y de salida obligatoria del territorio han sido ejecutadas en colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de sus diferentes unidades operativas.
Operativos de fiscalización a nivel nacional
En el mismo periodo, Migraciones ejecutó un total de 6,166 operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional. Estos operativos se realizaron en conjunto con efectivos de la PNP, el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y autoridades municipales.
Las regiones con mayor cantidad de operativos realizados fueron Puno con un 19.16 %, seguido por Tumbes con el 8.85 %, Lima con el 8.30 % y Tacna con el 8.83 %. Otras regiones con alta incidencia de fiscalización fueron San Martín, Junín y Arequipa.
Durante los operativos conjuntos, los fiscalizadores migratorios verificaron los documentos y la situación migratoria de los extranjeros, utilizando tabletas electrónicas. Estos dispositivos están interconectados en tiempo real con la base de datos de Migraciones, así como con los sistemas de alerta nacionales, lo que permite realizar un control riguroso de la identidad y el estatus legal de las personas.
