La suspensión marca un hito en la disputa por las concesiones viales en Lima Sur, tras años de reclamos vecinales y controversias legales.
El Poder Judicial ordenó la paralización inmediata del cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La resolución se emitió el 13 de octubre de 2025 y fue ejecutada tras el desacato de la concesionaria, que había retomado el cobro el 2 de noviembre.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) saludó la decisión, señalando que el fallo reconoce la vulneración al derecho de libre tránsito de los ciudadanos. El juzgado advirtió que, en caso de incumplimiento, se aplicarían multas consecutivas contra la empresa.
Por su parte, Rutas de Lima S.A.C. anunció que acatará la disposición, aunque calificó la medida como “arbitraria” y aseguró que se reserva acciones legales. En un comunicado, la concesionaria sostuvo que el fallo “añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano”.
El conflicto por los peajes en Lima Sur se remonta a 2020, cuando vecinos y autoridades locales iniciaron protestas contra el cobro, argumentando que encarecía el transporte y afectaba la movilidad en zonas de expansión urbana. Desde entonces, se han registrado bloqueos de vías, enfrentamientos y múltiples recursos judiciales.
La suspensión del cobro representa un alivio para transportistas y residentes que diariamente utilizan estas rutas. Sin embargo, abre un nuevo debate sobre cómo se financiará el mantenimiento de las carreteras y qué modelo de concesión debe aplicarse en adelante.
Especialistas en infraestructura señalan que el caso de Villa y Punta Negra podría convertirse en un precedente para revisar contratos de concesión vial en el país, especialmente aquellos cuestionados por falta de transparencia o impacto social negativo.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la MML han sido llamados a participar en la búsqueda de soluciones que permitan equilibrar la necesidad de inversión privada con el derecho de los ciudadanos a una movilidad accesible.
La controversia también pone en evidencia la tensión entre concesionarias y comunidades, y plantea la necesidad de reformas legales que fortalezcan la supervisión de contratos públicos.
En conclusión, la suspensión de los peajes en Villa y Punta Negra no solo responde a una orden judicial, sino que refleja un cambio en la relación entre ciudadanía, Estado y empresas concesionarias. El reto será diseñar un modelo de gestión vial que garantice transparencia, sostenibilidad y beneficios equitativos para todos los actores.
