Proponen proyecto que propone eximir de responsabilidad penal a policías y militares en ejercicio de sus funciones –


El congresista Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular y titular del Parlamento, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 20 del Código Penal con el fin de eximir de responsabilidad penal a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que actúen en cumplimiento de su función constitucional.

Rospigliosi defendió su iniciativa y señaló que la norma busca otorgar respaldo legal a quienes arriesgan su vida por la seguridad del país. “No podemos permitir que los efectivos enfrenten procesos por cumplir su deber constitucional”, declaró.

Esta propuesta, modificaría el artículo 20 del Código Penal y otorgaría inmunidad a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el uso de la fuerza para resguardar bienes jurídicos del Estado, privados y la integridad de la ciudadanía.

También se plantea cambiar el artículo 92 para impedir que quienes se beneficien de la exención deban pagar reparación civil a las víctimas; es decir, eliminar dicha obligación para los eximidos por la norma.

De esta manera, la reparación civil solo se aplicaría a los condenados penalmente, y no a quienes sean declarados exentos por haber actuado en el marco de sus funciones constitucionales.

Igualmente, el proyecto incluye una disposición transitoria que busca aplicar la medida de forma retroactiva a hechos ocurridos en protestas entre 2022 y 2023.

El documento resalta que la iniciativa busca brindar un marco legal de respaldo a las fuerzas del orden, que actúan en contextos de alto riesgo durante manifestaciones o situaciones de alteración del orden público.

Con este cambio, se busca evitar procesos judiciales y sanciones económicas a efectivos que, durante sus labores de seguridad, hayan hecho uso legítimo de la fuerza en defensa del Estado o de terceros.

El proyecto de ley incluye una Disposición Complementaria Transitoria que establece su aplicación retroactiva, beneficiando a agentes denunciados o procesados por hechos ocurridos durante las manifestaciones registradas entre 2022 y 2023.

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