Autoridades destacan que la minería ilegal genera deforestación, violencia y evasión fiscal, y que se requiere acción multisectorial.
El Gobierno peruano reiteró su compromiso de mantener una lucha firma y sostenida contra la minería informal, una actividad que continúa generando graves impactos ambientales, sociales y económicos en diversas regiones del país. La declaración fue realizada en el marco de la XXXII Reunión Ordinaria del Comité Andino de Minería Ilegal (CAMI) y la II Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE), celebradas en Lima con participación de autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Durante el encuentro, representantes del Ejecutivo señalaron que la minería informal, especialmente la extracción ilegal de oro está vinculada a deforestación masiva, contaminación de ríos con mercurio, violencia organizada, trata de personas y evasión tributaria. Regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas figuran entre las más afectadas.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza, subrayó que esta problemática requiere una respuesta articulada entre sectores, incluyendo justicia, interior, ambiente, defensa y economía, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional. “La minería ilegal del oro representa uno de los problemas más graves que enfrenta el Perú”, afirmó.
En ese sentido, se acordó impulsar una estrategia conjunta en la subregión andina, con apoyo de organismos como UNICRI, UNODC y la Comunidad Andina, para mejorar la investigación criminal, la aplicación de la ley y el seguimiento financiero de redes ilegales.
Además, se destacó la necesidad de diferenciar la minería informa de la minería artesanal en proceso de formalización, para evitar que los esfuerzos legales afecten a pequeños productores que buscan cumplir con la normativa. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) viene trabajando en mecanismos de formalización progresiva, pero advierte que la minería ilegal organizada no puede ser tolerada.
La reunión también abordó el impacto de esta actividad en zonas protegidas, como reservas naturales y territorios indígenas, donde la minería ilegal ha generado desplazamientos, conflictos y pérdida de biodiversidad. Se propuso reforzar la vigilancia satelital, el patrullaje conjunto y las sanciones penales.
El Gobierno anunció que se intensificarán las intervenciones multisectoriales, como las realizadas en Madre de Dios y La Pampa, y que se fortalecerá el trabajo con gobiernos regionales y locales para recuperar el control territorial y proteger a las comunidades.
