Informes confirman la llegada de grupos armados brasileños, ante la falta de vigilancia en la Amazonía
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y ACONADIYSH denunciaron la grave situación de abandono estatal y la escalada de crimen organizado que enfrentan las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, en la frontera con Brasil. Las organizaciones alertaron sobre la presencia de grupos armados transnacionales y la expansión de economías ilegales que amenazan la integridad de los pueblos amazónicos.
Avance criminal en la Amazonía
Informes emitidos por las propias organizaciones indígenas confirman que estructuras criminales internacionales, como el temido Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera, han ingresado a territorio peruano desde Brasil. Los grupos están aprovechando la ausencia de controles estatales en los límites de Yurúa.
Esta incursión ha facilitado la proliferación de rutas fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas para el tráfico de drogas. Con ello, ha aumentado el reclutamiento forzado y el consumo de sustancias ilícitas entre jóvenes y adolescentes indígenas. El avance de estas redes criminales también ha reforzado otras actividades ilegales en la zona, como la tala indiscriminada de bosques y la explotación de recursos, afectando la autonomía y generando amenazas constantes contra líderes y defensores territoriales.
Guardia Indígena como respuesta a la ausencia estatal
Frente a la crisis y la inacción estatal, AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH impulsaron la restauración del puesto de control fronterizo del Hito 38 en Yurúa, donde han instalado la base de la nueva Guardia Indígena Transfronteriza Perú – Brasil. Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación entre comunidades de ambos países e implementar un sistema de control y vigilancia territorial indígena contra el crimen.
«La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto», manifestó el Apu Jamer López Agustín, presidente de ORAU. Las organizaciones recalcan que, si bien estas acciones buscan restablecer la seguridad, el Estado debe respaldar y reconocer el esfuerzo de las comunidades frente al abandono histórico.
Demandas urgentes al Gobierno
La demanda de las organizaciones indígenas es clara y se centra en cinco ejes principales:
- Seguridad: Presencia policial permanente en la zona y articulación efectiva entre los Ministerios de Defensa e Interior.
- Protección: Seguridad específica para defensores indígenas amenazados.
- Economía: Implementación de programas de desarrollo alternativo que fortalezcan la economía sostenible.
- Infraestructura: Mejora de la infraestructura básica en Yurúa.
- Legal: Reconocimiento legal de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú-Brasil.
Las autoridades indígenas reiteraron un llamado urgente al presidente de la República, José Jerí Oré, pidiendo que visite la zona y asuma de manera directa la atención integral a la crisis de seguridad. Insisten en que la situación requiere medidas inmediatas y coordinación de alto nivel para frenar la expansión de las mafias y restaurar el control legítimo sobre los territorios amazónicos. AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH concluyen que la supervivencia física, cultural y social de los pueblos indígenas de Yurúa depende de una presencia estatal efectiva y del respeto pleno a sus derechos colectivos frente al crimen organizado transfronterizo.