El líder gremial Julio Campos cuestiona la efectividad del estado de emergencia y lo califica de ineficiente para frenar la extorsión que sufren los transportistas.
La marcha convocada para este 25 de octubre por colectivos sociales y la «Generación Z» contra el gobierno de José Jerí ha ganado un respaldo significativo: la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA) confirmó su adhesión.
Este gremio, que no participó en la movilización anterior, anunció que saldrá a las calles de forma «pacífica» en rechazo a la creciente ola de violencia e inseguridad ciudadana, específicamente por los constantes asesinatos y casos de extorsión que afectan al sector. Julio Campos, vicepresidente de ANITRA, fue enfático al señalar que el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo ha sido ineficiente para reducir la criminalidad.
En entrevista con Exitosa, Campos detalló que la movilización busca alzar la voz contra la impunidad. “Vamos a salir a las calles en contra de todos los asesinatos, que siguen, y no paran hasta la actualidad”, afirmó. El dirigente criticó duramente las medidas de seguridad del Gobierno, sosteniendo que el estado de emergencia «no va a servir» y lo calificó como una «puesta en escena» o «circo» para «lavarse la cara» ante la opinión pública.
El gremio exige al Congreso la derogatoria de las denominadas “leyes procrímenes” —a las que responsabilizan de la impunidad— y la formación de una nueva Mesa Directiva compuesta por congresistas independientes y sin denuncias. «No podemos nosotros callar. No podemos seguir sin alzar nuestra voz pacíficamente», sostuvo Campos, deslindando la protesta de cualquier intento de disturbio.
La movilización principal de los transportistas está prevista para las 5 de la tarde con concentraciones en la Plaza Dos de Mayo y la Plaza de los Héroes Navales. También se organizarán desplazamientos desde puntos clave como el Cono Norte, una de las zonas con mayor incidencia de ataques contra choferes de transporte público. La ruta seguirá el trayecto anunciado por los colectivos juveniles: Plaza Francia, Poder Judicial y otros puntos del Centro de Lima.
La decisión de marchar se da en medio del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, que restringe derechos constitucionales como el libre tránsito y el derecho a reunión. El especialista José Saavedra Molina, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras Latam, explicó en RPP que esta medida legal limita los derechos fundamentales que permiten la protesta social.
Saavedra considera inviable que se otorguen permisos para este tipo de movilizaciones, ya que las restricciones al libre tránsito prohíben la circulación en multitud. “Evidentemente, si piden un permiso no se lo va a dar la Prefectura, no hay garantías, con lo cual los ciudadanos no podrán salir a protestar ni a manifestarse”, precisó, poniendo en duda la legalidad de la marcha de este 25 de octubre.