En la misma sesión, participaron los abogados defensores de los ex-ministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, también investigados por el frustrado golpe.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso otorgó un plazo de cinco días a la congresista delegada Ana Zegarra Saboya (SP) para que presente el informe final de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y la extitular de la PCM, Betssy Chávez Chino, por el frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La decisión, anunciada por la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, se dictó al finalizar la audiencia en la que Castillo intervino de manera virtual. Las denuncias, presentadas inicialmente por los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero, también incluyen al ex-ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, y al ex-ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.
La defensa de Castillo: «No me sometí a firmar su hoja de ruta»
Durante su participación en la audiencia, el expresidente Pedro Castillo adoptó una postura desafiante, limitándose a leer el mensaje presidencial que anunció la intervención de los poderes del Estado. Aseguró que esta acción se basó en el «clamor de la ciudadanía» y negó haberse reunido o conspirado con alguien.
Además, el ex-mandatario lanzó duras acusaciones contra el Poder Legislativo:
«Me tienen acá porque nunca me sometí a firmar su hoja de ruta», afirmó Castillo, quien también acusó al Congreso de haber obstruido su gestión y de haberlo vacado sin contar con los votos reglamentarios.
Argumentos de los ex-ministros implicados
Las defensas de los exministros también presentaron sus alegatos ante la Subcomisión:
- Betssy Chávez: Su abogado, Luis Barranzuela, sostuvo que, mientras no exista una sentencia condenatoria del Poder Judicial, no se puede afirmar la comisión de los delitos de rebelión o conspiración.
- Willy Huerta Olivas: El exministro del Interior declaró desconocer por qué está siendo investigado, argumentando que su sola presencia en Palacio de Gobierno el día de los hechos no prueba su participación en el golpe.
- Roberto Sánchez Palomino: Su defensa, a cargo del constitucionalista Domingo García Belaunde, alegó que su patrocinado no es responsable de ningún delito ni infracción política y recordó que el Poder Judicial lo absolvió previamente de toda acusación.
La postura de los acusadores
El congresista Ricardo Muñante, uno de los autores de las denuncias, rechazó la tesis de que lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 fuera solo una proclama, calificándolo firmemente como un intento de golpe de Estado.
El legislador sustentó la acusación contra los exministros con varios puntos:
- Betssy Chávez: Muñante citó testimonios que sugieren que la ex premier evidenció no estar en desacuerdo con el golpe, tanto antes como durante y después de los hechos.
- Willy Huerta Olivos: Se le imputa haber dado indicaciones a la Policía para resguardar la casa de los padres de Castillo y haber facilitado la comunicación con el comandante general de la Policía para ordenar el cierre del Congreso.
- Roberto Sánchez Palomino: Se señaló que mantuvo reuniones en Palacio de Gobierno entre noviembre y diciembre de 2022 sin haber dado explicaciones sobre su naturaleza.
La presentación del informe final por parte de la congresista delegada en los próximos cinco días será un paso decisivo para el proceso que podría resultar en la acusación política formal de los involucrados.