A raíz de la reciente declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, diversos especialistas en seguridad ciudadana han expresado su preocupación por la efectividad de esta medida. Aunque el Gobierno busca frenar la ola de criminalidad y extorsión, expertos advierten que no se están atacando las causas estructurales del problema, lo que podría limitar el impacto real de la intervención.
Según el exministro del Interior Cluber Aliaga, Lima y Callao han estado bajo estado de emergencia en al menos 17 ocasiones en los últimos tres años, sin que ello haya generado una reducción sostenida en los índices de criminalidad. Las acciones como operativos policiales, patrullajes y restricciones temporales no han logrado desarticular las redes de extorsión ni mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos.
La extorsión, especialmente contra comerciantes, transportistas y emprendedores, ha crecido de forma alarmante. Bandas criminales operan desde centros penitenciarios y utilizan redes digitales para coordinar amenazas, cobros ilegales y ataques. Expertos señalan que la falta de inteligencia operativa, control carcelario y coordinación interinstitucional impide una respuesta eficaz.
Especialistas como Sebastián Ancajima y analistas del Instituto de Defensa Legal (IDL) coinciden en que se requiere:
• Reforma profunda del sistema penitenciario, para cortar la comunicación entre internos y redes externas.
• Fortalecimiento de la Policía Nacional, con mejores recursos, capacitación y tecnología.
• Políticas sociales y educativas en zonas vulnerables, para prevenir el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.
• Coordinación entre gobiernos locales, Ministerio Público y Poder Judicial, para garantizar investigaciones efectivas y sanciones ejemplares.
Mientras algunos sectores de la población ven la medida como un intento necesario para recuperar el control de las calles, otros expresan escepticismo. En redes sociales y medios locales, ciudadanos han manifestado que la presencia militar no garantiza seguridad, y que se necesita una estrategia integral y sostenida.
La medida permite al Ejecutivo restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, además de militarizar las calles por un periodo de 30 días. Sin embargo, no incluye toque de queda ni suspensión de clases, y su implementación ha sido criticada por la falta de detalles y planificación.