El objetivo es evitar que la retribución estatal sea trasladada al consumidor, logrando así un impacto directo en la reducción de los costos de los vuelos.
La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, confirmó que los pasajeros nacionales no pagarán la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en vuelos internos. La legisladora hizo el anuncio tras una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Martín Prieto Barrera.
El ministro Prieto confirmó a Ugarte que el Estado peruano ha tomado la decisión de renunciar a su retribución del 47.5% que está incluida en la TUUA nacional. Esta medida busca evitar que el costo de la tarifa sea trasladado a los consumidores, reduciendo así la participación estatal en el cobro que percibe el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
“Este es un paso importante en la defensa de los derechos de los usuarios y en la transparencia de los cobros aeroportuarios. La población no debe pagar tarifas que no corresponden a un servicio efectivo”, manifestó la congresista Ugarte.
Renegociación clave por la TUUA Internacional
En cuanto a la TUUA internacional, el ministro Prieto explicó que el MTC ha desarrollado una intensa renegociación con la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP), con el propósito de minimizar el impacto económico sobre los pasajeros y sobre las finanzas del Estado.
“Estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para que, el 27 de octubre, no se presenten inconvenientes ni perjuicios para los viajeros”, señaló el titular del MTC.
Ugarte agregó que los resultados finales de las negociaciones vinculadas al TUUA internacional se conocerán esta semana. Mientras tanto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) continúa realizando evaluaciones técnicas para definir el monto definitivo y mantener el precio dentro de parámetros razonables. «Nuestra prioridad es proteger el interés público y asegurar que el usuario no asuma costos injustificados”, puntualizó la congresista.
Finalmente, en la reunión se recordó que el contrato de transferencia de la TUUA fue suscrito en 2013, advirtiéndose que un incumplimiento del Estado podría acarrear un proceso arbitral internacional, una situación que sería «altamente perjudicial para el país».