Especialistas advierten un plan político de largo plazo para controlar organismos clave del sistema democrático peruano. La restitución de Patricia Benavides, las reformas legislativas y los ataques a entes independientes evidencian una estrategia de captura institucional.
Este sábado, el conflicto en el sistema de justicia peruano adquirió una nueva dimensión con la maniobra para restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Según expertos constitucionalistas, se trataría de un paso dentro de una estrategia más amplia orientada a capturar las instituciones clave del Estado, incluyendo el sistema electoral, con miras a condicionar los comicios generales de 2026.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló en abril la sanción que apartó a Benavides de su cargo, pese a estar implicada en investigaciones por organización criminal, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El intento de reposicionarla en el cargo, sin resolución firme del procedimiento disciplinario, generó duras críticas de actores jurídicos y políticos que advierten una regresión institucional.
Captura institucional: el nuevo rostro del autoritarismo blando
Según la abogada Cruz Silva del Carpio, del Instituto de Defensa Legal (IDL), el intento de tomar el Ministerio Público no puede analizarse como un hecho aislado: “Estamos ante un golpe lento, soterrado, iniciado en 2022 con la elección de un Tribunal Constitucional afín, y profundizado en 2023 y 2024 con el copamiento de la JNJ, la Defensoría del Pueblo y, ahora, el intento de condicionar al JNE a través del Ministerio Público”.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está compuesto por cinco miembros, uno de los cuales es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. De esta forma, controlar esta instancia permitiría designar a un representante funcional a intereses partidarios, afectando directamente la independencia del máximo órgano electoral.
Silva señala que “quien controla la Fiscalía puede, indirectamente, alterar la representación en el JNE. Si a eso le sumas el intento de controlar a la Corte Suprema y al CAL, se cierra el cerco sobre la democracia misma”.
El Congreso, actor central en el debilitamiento institucional
El Congreso de la República, de mayoría fragmentada pero funcional a intereses comunes, ha sido el principal impulsor de esta reconfiguración institucional. En el último año, el Legislativo ha:
- Restituido la inmunidad parlamentaria, eliminada por presión ciudadana tras escándalos de corrupción.
- Aprobado la “Ley de impunidad” para fuerzas del orden, blindando a militares y policías frente a eventuales investigaciones por violaciones a derechos humanos.
- Reformado la Ley Universitaria y debilitado a la Sunedu, facilitando que universidades privadas vuelvan a tener peso en el JNE.
- Impulsado cambios en la composición de órganos electorales y de control, con proyectos de ley que buscan modificar cómo se eligen a sus miembros.
Estas medidas, sumadas al blindaje político de congresistas investigados, consolidan un escenario donde el equilibrio de poderes se ve gravemente afectado.
El caso del Colegio de Abogados y su impacto en el JNE
Otro frente de disputa institucional ocurre en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuya presidencia está bajo ataque desde mayo de 2024. Su decano, Raúl Canelo, ha sido objeto de un proceso disciplinario iniciado por el Consejo de Ética del CAL, al que califica de “abiertamente político”.
“El objetivo es claro: quitar a la actual directiva para controlar la elección del nuevo representante del CAL ante el JNE”, indicó Canelo. El actual delegado del gremio en dicho organismo, Willy Ramírez, culmina su mandato en febrero de 2026, por lo que el nuevo proceso electoral interno en diciembre de 2025 será crucial.
Poder Judicial también bajo asedio
En febrero pasado, la JNJ intentó procesar a Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, basándose en una denuncia de un coronel en retiro. El hecho, considerado una represalia institucional, involucraba también a otros magistrados de la Corte Suprema. Solo una fuerte defensa corporativa del Poder Judicial y del Colegio de Abogados impidió que la medida prosperara.
A juicio de la experta en magistratura Cruz Silva, “es la misma táctica replicada: denuncias infundadas, presión mediática, y uso de órganos de control para silenciar la independencia judicial”.
Implicancias para las elecciones 2026
La configuración actual genera un riesgo alto de que las elecciones generales de 2026 se realicen en un entorno institucional viciado. De continuar esta tendencia, los órganos que deben garantizar la limpieza y equidad del proceso podrían operar bajo lógicas partidarias.
“Ya no estamos hablando solo de la independencia judicial, sino de que las reglas mínimas para elegir libremente están en peligro”, advirtió Silva. “Si se toma el JNE, las elecciones no serán libres ni justas. Y si se toma la Fiscalía, se silenciarán los intentos de denuncia o fiscalización”.
¿Puede evitarse la captura total?
Los próximos meses serán clave. La respuesta del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la sociedad civil organizada y de la comunidad internacional puede definir si el Perú mantiene un Estado de derecho funcional o cae en una regresión autoritaria.
El golpe no será de tanques, sino de decretos, resoluciones, votos congresales y silencios cómplices. Pero su efecto puede ser igual de devastador: una democracia sin contrapesos, sin justicia independiente y sin garantías electorales.
Frente a ello, la ciudadanía deberá estar más vigilante que nunca.