El Congreso aprobó una tercera sanción contra el expresidente por el cierre del Parlamento en 2019. Vizcarra y su partido denuncian persecución política y apelan a la legitimidad constitucional y popular de su gestión.
El expresidente Martín Vizcarra ha sido nuevamente inhabilitado por el Congreso de la República, esta vez por un periodo de 10 años, debido a su decisión de disolver el Parlamento en septiembre de 2019. La medida fue aprobada el martes 11 de junio por 67 votos a favor, con el respaldo de bancadas conservadoras como Fuerza Popular, APP y Renovación Popular. Vizcarra calificó la decisión como una maniobra política motivada por miedo a su posible retorno electoral.
Tercer capítulo de una ofensiva parlamentaria
Con esta resolución, Vizcarra acumula tres inhabilitaciones consecutivas en menos de cinco años. La primera, en 2021, fue por el caso Vacunagate, en el que fue acusado de recibir dosis de forma irregular mientras era presidente. La segunda, en 2022, fue por el caso Obrainsa, que lo vincula a presuntas coimas durante su paso por el Ministerio de Transportes. La tercera —la más reciente— se sustenta en su decisión de cerrar el Congreso en 2019.
Paradójicamente, esta última medida se impone pese a que el Tribunal Constitucional (TC) declaró la legalidad de aquella disolución. El fallo del TC, emitido en enero de 2020, reconoció que Vizcarra actuó conforme a lo establecido en la Constitución al interpretar la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza. Esta figura —controvertida, pero vigente— permite disolver el Congreso si se niega la confianza a dos Consejos de Ministros consecutivos.
Respuesta de Vizcarra: legitimidad social vs. legalismo político
Tras conocerse la votación, Vizcarra publicó un mensaje directo en sus redes sociales:
“El Congreso vuelve a inhabilitarme. Por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa.”
La frase remite al permanente contraste entre la baja aprobación del Congreso (que ronda el 3% según las últimas encuestas) y la legitimidad que Vizcarra asegura tener ante la ciudadanía. En 2019, el cierre del Congreso fue respaldado por el 87% de los peruanos, según Ipsos. Desde entonces, Vizcarra ha mantenido una presencia activa, apelando a un discurso anticorrupción y confrontativo frente al Legislativo.
El rol de Perú Primero y el mensaje institucional
El partido del expresidente, Perú Primero, emitió un comunicado donde reafirmó la legalidad de la disolución del Congreso en 2019 y denunció el uso de las inhabilitaciones como herramienta política:
“Esta inhabilitación no responde al interés nacional. Es una reacción contra una figura que representa una amenaza electoral para las estructuras tradicionales del poder.”
En el texto, Perú Primero recuerda que la medida fue considerada válida por el TC y respaldada por un altísimo nivel de aprobación popular, por lo que consideran esta nueva sanción un “exceso legislativo que desvirtúa el equilibrio de poderes”.
Detalles de la votación y contexto legislativo
- Fecha de aprobación: 11 de junio de 2025
- Votos a favor: 67
- Bancadas que votaron a favor: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y aliados
- Duración de la inhabilitación: 10 años
- Cargos imputados: infracción constitucional por el cierre del Congreso
- Efecto inmediato: Vizcarra no podrá postular a las elecciones generales de 2026
Este nuevo episodio se suma a una serie de iniciativas del Congreso que han sido ampliamente cuestionadas por sectores ciudadanos, como la reciente aprobación de una ley que otorga impunidad a policías y militares involucrados en violaciones a derechos humanos, lo que ha sido interpretado como un retroceso en materia de garantías fundamentales.
Debate jurídico: ¿hay base para la sanción?
Especialistas constitucionalistas han expresado opiniones divididas. Algunos sostienen que, si el Tribunal Constitucional ya resolvió que el cierre del Congreso fue legal, una sanción posterior carece de fundamento. Otros argumentan que, aunque legal, la medida de Vizcarra fue políticamente disruptiva y puede ser cuestionada en función del “control político” que le corresponde al Legislativo.
El fondo de la discusión gira en torno a qué límites existen para sancionar decisiones presidenciales amparadas en la Constitución, y si el Congreso puede reinterpretarlas a posteriori con fines políticos.
Consecuencias políticas y proyecciones electorales
La nueva inhabilitación bloquea, en principio, la candidatura presidencial de Vizcarra para los comicios del 12 de abril de 2026. Sin embargo, su movimiento político ha ganado fuerza territorial y podría impulsar otros cuadros para mantenerse vigente. Además, Vizcarra podría acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si considera que sus derechos políticos han sido vulnerados.
No obstante, los tiempos procesales y la naturaleza de las sanciones en sede política hacen difícil revertirlas antes de las elecciones, salvo que haya una nueva configuración política en el Congreso.
Reflexión final: ¿justicia constitucional o censura anticipada?
La inhabilitación de Martín Vizcarra representa una encrucijada para el sistema político peruano. Desde el Congreso, se justifica como un ejercicio legítimo de control; desde la oposición y sectores ciudadanos, se percibe como una forma de censura anticipada contra un potencial competidor electoral.
El fondo del conflicto revela un sistema institucional desgastado, donde los límites entre lo legal y lo legítimo se vuelven cada vez más difusos. A menos de un año del proceso electoral de 2026, el debate no es solo quién puede postular, sino quién decide quién puede hacerlo: el Congreso o el voto popular.